El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la firma del convenio del nivel acordado del Sistema de Atención a la Dependencia para 2026, dotado con 94,22 millones de euros y financiado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España.
Cada administración aportará 47,11 millones para contribuir a sostener los servicios y las prestaciones que reciben más de 83.000 personas en la comunidad.
Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, destacando la importancia de garantizar "la continuidad de los apoyos que estas personas necesitan para las actividades de la vida diaria, mantener su autonomía y recibir unos cuidados adaptados a sus circunstancias".
Para Padilla, el convenio constituye una de las vías de financiación de la dependencia y no representa el conjunto de los recursos del sistema. Al nivel acordado se suman el nivel mínimo, financiado por el Estado, y los fondos propios adicionales que aporta la comunidad. De hecho, Castilla-La Mancha aporta este año 692,2 millones de euros a la atención a la dependencia.
Tres objetivos
Padilla ha detallado que el convenio persigue tres objetivos: reducir las esperas, mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia.
El acuerdo contempla la simplificación de los procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías a la tramitación de los expedientes.
En cuanto a la calidad de la atención, Padilla ha apuntado a que las actuaciones estarán orientadas a ofrecer apoyos más personalizados, que tengan en cuenta "las necesidades, la voluntad y las preferencias de cada persona".
Por último, el tercer objetivo se centra en las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios, una cuestión "fundamental" tanto para las personas trabajadoras como para la calidad de la atención que reciben las personas en situación de dependencia.
Financiación estable
Padilla ha recordado que la aportación estatal al nivel acordado se recuperó en 2021, después de que permaneciese suspendida entre 2012 y 2020.
Además, ha abogado por alcanzar un reparto equilibrado de la financiación global de la dependencia, de modo que el Estado y la comunidad asuman cada uno el 50 % del conjunto del sistema.
"Las personas necesitan continuidad en sus cuidados. Las administraciones deben garantizar una financiación suficiente y estable para sostener esa atención", ha sentenciado.