Castilla-La Mancha tiene previsto invertir 2.971 millones de euros dentro de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha 2026-2030 aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno.
Un instrumento con el que el Gobierno regional pretende mejorar las cifras de pobreza y exclusión social, que según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), afecta a un 34 % de la sociedad castellanomanchega.
La encargada de ofrecer los detalles de este nuevo plan ha sido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha estado acompañada por el director general de Acción Social, Santi Vera, y la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN CLM), Mar González.
García Torijano ha explicado que el documento aprobado establece un marco transversal de actuación que implica a distintas áreas de la Administración regional, al abordar la pobreza y la exclusión social desde ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, la salud, la infancia, los cuidados, los servicios sociales, la igualdad, el consumo o el territorio, ha informado la Junta en un comunicado.
La II Estrategia tiene vigencia entre 2026 y 2030 y se estructura en tres grandes retos con 12 objetivos y 118 medidas.
El primero, titulado ‘Inversión social en las personas y en los territorios’, agrupa actuaciones relacionadas con el apoyo a familias con menos recursos, la educación equitativa e inclusiva, la formación y el empleo y el acceso a la vivienda.
Entre las medidas que recoge el documento se encuentran la asistencia material básica a familias con menores, las becas de comedor y transporte escolar, los bancos de libros, actuaciones formativas para personas con dificultades de inserción laboral, la coordinación entre los servicios sociales y las Oficinas Emplea o distintas medidas vinculadas con la vivienda y el alquiler asequible.
El segundo reto, ‘Protección social’, incorpora actuaciones en materia de atención sanitaria, infancia y familias, servicios sociales, protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad e igualdad de oportunidades para mujeres que atraviesan situaciones de especial dificultad.
El acuerdo contempla, entre otras actuaciones, medidas relacionadas con la salud mental y las adicciones, la prevención de la pobreza energética y del sobreendeudamiento, el apoyo a jóvenes ex tutelados, la prevención e intervención ante la violencia familiar, la atención temprana, la dependencia, las personas sin hogar o la soledad no deseada.
El tercer reto, ‘Desarrollo de alianzas y trabajo en red’, se dirige a la coordinación entre administraciones, servicios públicos y entidades sociales, así como a la mejora de los sistemas de información, conocimiento, seguimiento y evaluación de la Estrategia.
Senda financiera
El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno contempla para el periodo 2026-2030 una senda financiera estimada de aproximadamente 2.971 millones de euros, procedente de fondos propios, fondos finalistas y fondos europeos.
La consejera ha precisado que se trata de una senda financiera asociada al conjunto de medidas incluidas en la Estrategia y cuya ejecución deberá desarrollarse conforme a la tramitación correspondiente en cada ejercicio.
Junto a ello, la II Estrategia establece indicadores y mecanismos de seguimiento, con metas intermedias en 2028 y objetivos para 2030, y contempla una evaluación durante su periodo de aplicación.
La elaboración de la Estrategia ha contado con la participación de distintas áreas del Gobierno regional, de EAPN Castilla-La Mancha y de entidades sociales, además de un procedimiento de participación ciudadana.