Castilla-La Mancha encara las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre con 1.622.917 electores, de los que 42.036 residen fuera de España y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Son el 2,59 % del electorado de la región, casi tres de cada cien personas llamadas a las urnas.
Una cifra que cobra especial relevancia en una campaña en la que las dudas expresadas por dirigentes del PP sobre el voto por correo han puesto el foco sobre el sufragio a distancia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a los ciudadanos que acudieran físicamente a las urnas para evitar posibles "trampas" o cambios de reglas de última hora.
La dirección nacional del PP tomó distancia de esas declaraciones, pero el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha secundado el recelo al anunciar que traerá a sus hijos desde fuera de Zaragoza para que voten "en persona".
El mensaje también ha tenido eco en Castilla-La Mancha. Preguntado por las dudas sembradas en torno al sistema de voto postal, el presidente regional del PP, Paco Núñez, no esquivó la polémica y se limitó a afirmar que él "siempre" está "de acuerdo con Ayuso".
Unas declaraciones que pueden alimentar la preocupación o sembrar dudas entre los electores del CERA sobre los mecanismos que tienen a su alcance para participar en las elecciones.
Para muchos de los más de 42.000 castellanomanchegos que viven fuera de España, el voto a distancia no es una alternativa frente a acudir físicamente a las urnas. Es la única forma que tienen de participar en unas elecciones generales desde sus lugares de residencia.
Datos por provincias
El reparto del CERA dibuja un mapa desigual en Castilla-La Mancha. Toledo es la provincia que concentra más electores residentes en el extranjero, con 15.557, que representan el 2,75 % de sus 565.727 electores. Le sigue Albacete, con 8.890 inscritos en el CERA. Son el 2,89 % de un censo provincial de 307.215 personas.
Guadalajara, sin embargo, es la provincia donde el voto exterior tiene mayor peso relativo. Sus 6.152 electores residentes fuera de España representan el 2,96 % de un censo de 207.766.
En Cuenca hay 3.684 personas inscritas en el CERA, el 2,45 % de sus 150.656 electores. Y Ciudad Real se sitúa en el extremo contrario. Sus 7.753 residentes en el extranjero representan el 1,98 % de los 391.553 electores de la provincia. Es la única circunscripción castellanomanchega en la que el CERA no alcanza el 2 %.
Grandes ciudades
Toledo capital es el caso más llamativo entre las grandes ciudades de Castilla-La Mancha. De sus 67.276 electores, 3.456 están inscritos en el CERA, el 5,14 %. Es decir, aproximadamente uno de cada veinte electores de la capital regional reside fuera de España.
La capital castellanomanchega supera así ampliamente la media regional y se sitúa por delante de Guadalajara, donde los 2.429 residentes en el extranjero representan el 3,69 % de los 65.885 electores.
En Talavera de la Reina, el CERA suma 2.302 personas, el 3,57 % de un censo de 64.394 electores.
Le siguen Cuenca, con 1.223 residentes en el extranjero y un peso del 2,98 %; Puertollano, con 1.077 y el 2,88 %; y Ciudad Real, con 1.641 y el 2,70 %.
Albacete, pese a ser el municipio con mayor censo electoral de Castilla-La Mancha, presenta el porcentaje más bajo entre estas siete grandes localidades: 3.384 de sus 137.237 electores viven en el extranjero, el 2,47 %.
El caso de Huérguina
Pero es al descender hasta los municipios castellanomanchegos más pequeños cuando el peso del CERA adquiere proporciones mucho más llamativas.
El caso más extremo está en Huérguina (Cuenca). Allí figuran 33 electores en el censo de residentes en España y 46 en el CERA. Es decir, el municipio tiene más electores residentes en el extranjero que dentro de sus propias fronteras.
En Illán de Vacas (Toledo) se produce otra singularidad: hay exactamente cinco electores en el CER y otros cinco en el CERA. La mitad del censo electoral reside, por tanto, fuera de España.
Y no son las únicas localidades donde el voto exterior adquiere un peso extraordinario. Hasta 20 municipios castellanomanchegos tienen más de una cuarta parte de su electorado inscrito en el CERA.
Después de Huérguina e Illán de Vacas aparecen Copernal, donde el 44,7 % del censo reside en el extranjero; Valverde de los Arroyos, con un 43 %; Milmarcos, con un 41,1 %; Adobes, con un 40,9 %; Aldeanueva de San Bartolomé, con un 38,8 %; y La Bodera, con un 37,5 %.
Son porcentajes que hay que leer con cautela porque se corresponden, en muchos casos, con municipios de censos muy reducidos. En ellos, unas pocas inscripciones en el extranjero pueden alterar de forma radical el peso estadístico del CERA.
La 'ley de nietos'
El censo para las elecciones del 29-N quedó cerrado el 1 de agosto y, en principio, son esos los electores que podrán votar. El problema está en una parte del voto exterior: la de los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada 'ley de nietos'. Aunque muchos ya estaban inscritos cuando se cerró el censo, el Tribunal Supremo debe decidir si podrán votar finalmente en estos comicios.
La decisión afecta potencialmente a los descendientes de exiliados republicanos pueden nacionalizarse y votar en las elecciones españolas. Según los datos aportados por la Abogacía del Estado en el procedimiento, 369.017 personas inscritas como residentes en el extranjero obtuvieron la nacionalidad española a través de esta norma, mientras que otras 168.896 lo hicieron bajo el supuesto de presunción de exilio correspondiente al periodo entre 1936 y 1955.
Vox e Iustitia Europa han reclamado a la Junta Electoral Central (JEC) que aplique la suspensión y excluya del proceso a los afectados.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha recurrido la decisión del Supremo y sostiene que no existe un riesgo real para el resultado electoral, aunque reconoce la dificultad logística de revisar miles de expedientes en los consulados antes del 29 de noviembre.
El calendario electoral avanza mientras se mantiene abierta esta incógnita. El 12 de octubre comienza el periodo para consultar las listas electorales y presentar reclamaciones, tanto en los ayuntamientos como en los consulados.