Miguel Ángel Rivero ha renovado su compromiso con el tejido emprendedor de la región al haber sido reelegido como presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha de ATA Castilla-La Mancha.

Agente comercial de profesión y firme defensor de los derechos de los trabajadores por cuenta propia, Rivero afronta este mandato con el respaldo unánime de una organización que ve en su figura la firmeza y la pedagogía necesarias para alzar la voz ante las administraciones.

Tras lograr la implantación de importantes medidas regionales de apoyo al colectivo, su reelección viene motivada por la urgencia de dar batalla en frentes clave: desde la simplificación de trabas administrativas hasta la prevención de accidentes en el trabajo autónomo.

Durante esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el presidente de ATA desgrana los frentes abiertos del colectivo, desde el peso inasumible del papeleo administrativo hasta la necesidad de adecuar las bajas médicas y las cotizaciones a los ingresos reales.

Con la firme convicción de que "si los autónomos caen, cae la economía", Rivero apela a la labor pedagógica de las instituciones y a la mediación del recién creado Instituto de Seguridad y Salud Laboral para frenar en seco la elevada siniestralidad que castiga al sector.

P. A esta presión normativa se suma el contexto de inflación generalizada, el encarecimiento de las materias primas y la subida de los suministros. En este escenario de márgenes cada vez más reducidos, ¿Cómo están impactando estos costes en la rentabilidad real de los autónomos?

R. Los márgenes son mínimos. Hay dos realidades claras. Por un lado, aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, todavía hay muchos autónomos en zonas rurales que realizan sus presupuestos a mano. Está bien que avancemos hacia la digitalización, pero antes de implantar normas hay que dar tiempo y formar al tejido productivo.

Por otro lado, está la drástica inflación de costes. El Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 60 % en apenas unos años. Sin embargo, no existe ni un solo autónomo que haya podido incrementar sus rentas o trasladar un 60 % de aumento a sus precios finales, porque si lo hiciera, se ahogaría solo al perder a su clientela. Por esta razón, la mayoría de los autónomos que se están dando de baja en el RETA son empleadores; resulta inviable asumir la subida de los costes laborales, la electricidad, los alquileres o el carburante.

En mi caso, como agente comercial que he sido toda la vida, no puedo repercutir el coste del combustible en mis comisiones; antes llenar el depósito me costaba 80 u 90 euros y ahora supera los 150 euros. Lo mismo le ocurre a un repartidor de paquetería. Al final, el eslabón más débil de la cadena, que es el autónomo, es quien absorbe todos los golpes.

P. Mencionaba que el perfil del autónomo empleador es el que más está sufriendo esta coyuntura. ¿Qué nos dicen los datos oficiales sobre los ingresos reales del colectivo y en qué situación de desventaja compiten frente a las grandes plataformas corporativas?

R. El autónomo persona física se ve muy ahogado porque las mensualidades, las nóminas y los seguros sociales llegan muy rápido. Todos defendemos que un trabajador deba tener un salario digno, pero las circunstancias actuales ahogan al pequeño negocio. Las multinacionales o plataformas tecnológicas pueden absorber los costes dentro de sus márgenes o incrementar paulatinamente sus tarifas a los clientes, pero un autónomo en el barrio de La Reconquista en Toledo o en la Plaza del Pilar de Ciudad Real no puede subir sus precios un 60 % sin arruinar sus beneficios.

Los datos cruzados oficiales entre la Seguridad Social y Hacienda son clarísimos: más del 60 % de los autónomos en España no llegan a ingresar mensualmente el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional. Es una cifra impactante. Si con el SMI ya es difícil mantener una vivienda y llegar a fin de mes, ingresar por debajo de ese umbral convierte la supervivencia económica en una labor titánica.

"La idea de que el autónomo no se puede poner enfermo ha dejado de ser un chiste para convertirse en una injusticia"

P. Existe una percepción extendida de que el colectivo de autónomos sufre una desventaja histórica en cuanto a la protección social frente a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes más urgentes en materia de bajas médicas y desempleo?

R. La idea de que el autónomo no se puede poner enfermo" ha dejado de ser un chiste para convertirse en una injusticia. Enfermar es un derecho constitucional. No es de recibo que un autónomo hospitalizado o gravemente enfermo tenga que seguir abonando la cuota de la Seguridad Social durante los dos primeros meses. Agradecemos que a nivel regional se hayan explorado vías con la Consejería para cubrir esa primera cuota —dado que a partir del tercer mes lo asume la mutua—, pero es imprescindible resolverlo de forma estructural.

Asimismo, existe una discriminación patente en el acceso al subsidio para mayores de 52 años, al que los autónomos no tienen derecho. Tampoco es aceptable que el llamado "paro del autónomo" (la prestación por cese de actividad) sea denegado al 60 % de quienes lo solicitan a pesar de haber estado cotizando por ello. Mientras que un trabajador del Régimen General cobra el subsidio de desempleo de forma casi inmediata tras perder su empleo, al autónomo que ha arriesgado su patrimonio familiar se le deniega sistemáticamente.

P. En los próximos meses se prevé la entrada en vigor de nuevas medidas de control e inspección, como la factura electrónica. ¿Está preparado el tejido de microempresas y comercios de proximidad para asumir estos costes de adaptación?

R. Ante los bajos ingresos de los que hablábamos, cualquier imprevisto financiero supone un golpe mortal. Cuando entre en vigor Verifactu (sistema que obliga a los softwares de facturación a enviar los registros de las facturas de forma automática y en tiempo real a Hacienda) y la factura electrónica obligatoria, comercios tradicionales como una frutería de barrio o del pueblo más pequeño tendrán que adaptar sus básculas y sistemas a la nueva normativa. Eso supone una inversión económica muy elevada que el pequeño comerciante simplemente no puede permitirse.

Si la Administración quiere controlar, debe ofrecer primero ayudas directas y tiempo suficiente para que la transición sea progresiva. Lo mismo sucederá con la hostelería, las peluquerías y los servicios de proximidad. No se puede legislar pensando en las grandes corporaciones del Ibex 35 —donde, por cierto, no cotiza ningún autónomo—, las cuales disponen de departamentos enteros para gestionar estos cambios.

"Somos 3,3 millones de autónomos; constituimos la empresa más grande del país y se nos está desatendiendo"

P. Uno de los costes operativos que más repercusión está teniendo en la actividad diaria es el precio de los carburantes. ¿A qué sectores está afectando con mayor severidad y qué tipo de intervenciones consideran indispensables por parte del Ejecutivo?

R. Las ayudas como los 20 céntimos por litro se quedan cortas; apenas son un parche y, además, trasladaron el problema financiero a las estaciones de servicio, que tuvieron que adelantar ese dinero. Sectores como los agentes comerciales, los taxistas rurales o los repartidores de paquetería no cuentan con ningún tipo de bonificación directa para el combustible. Solo la gran cadena de transporte pesado ha podido aplicar determinados convenios de repercusión con los cargadores.

La medida más rápida, justa y eficaz no es crear subvenciones complejas, sino aplicar una bajada del tipo del IVA aplicado a los carburantes al mínimo posible. Si el Estado tiene que ingresar un poco menos durante una situación coyuntural extrema de crisis para aliviar a los trabajadores y a los gasolineros, debe hacerlo. Cuando la economía se recupere, volverán a generarse ingresos para las arcas públicas.

"El autónomo sufre embargos continuos quedando abocado a la miseria"

P. Cuando un proyecto empresarial no prospera, los costes personales e impositivos para el emprendedor suelen ser devastadores. ¿Cumple la actual Ley de Segunda Oportunidad su función de permitir reiniciar la actividad económica?

R. Desafortunadamente, la regulación actual de la Segunda Oportunidad perdió una ocasión histórica al dejar fuera del perdón de la deuda al crédito público, es decir, a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. En la mayoría de los países avanzados se apoya a quien fracasa en un primer intento empresarial. En España, por el contrario, te conviertes en un proscrito.

Al no poder exonerarse la deuda pública, el autónomo sufre embargos continuos sobre cualquier ingreso o nómina futura, perdiendo todo acceso al crédito y quedando abocado a la economía informal o a la miseria, él y sus descendientes. Es urgente reformar esta ley para permitir aplazamientos y quitas en la deuda pública que garanticen una reinserción económica real.

P. Uno de los puntos de mayor tensión técnica entre el colectivo y el Ministerio radica en la revisión del sistema de cotización por ingresos reales, especialmente para los autónomos societarios. ¿En qué punto se encuentran estas conversaciones?

R. Existe una enorme preocupación entre los más de 45.000 autónomos societarios de Castilla-La Mancha. Según la normativa, la mesa de negociación debe reunirse cada tres años para revisar las bases de cotización. No es lógico que un autónomo societario que ingresa 1.000 euros netos al mes se vea obligado a cotizar por una base mínima fijada en 1.440 euros, pagando un 45 % más que un autónomo persona física con sus mismos ingresos.

El Gobierno ha paralizado temporalmente la medida ante nuestras advertencias, pero esa paralización no nos calma si no hay una negociación real con los agentes sociales sobre la mesa. Por contraposición, medidas como la Tarifa Plana Plus impulsada en Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Impulso al Trabajo Autónomo han demostrado ser un gran incentivo para la atracción de emprendedores y el fomento del trabajo por cuenta propia, podríamos decir que ha sido una medida estrella.

P. Castilla-La Mancha ha figurado históricamente en puestos preocupantes en cuanto a siniestralidad laboral en el trabajo autónomo. ¿Cómo debe abordarse la prevención de riesgos de forma realista en sectores como la construcción, la automoción o el transporte?

R: Es un asunto que nos preocupa y nos motiva profundamente. Nuestra región figura con frecuencia en los primeros puestos de accidentes mortales de autónomos, y cada vida que se pierde en el trabajo es una tragedia inasumible. Hasta ahora, las soluciones de la Consejería se limitaban a ofrecer cursos teóricos de prevención. Sin embargo, para un profesional que se pasa el día pintando un edificio, reparando vehículos o al volante de una furgoneta de reparto, hacer un curso telemático tras una jornada de doce horas no es una solución realista.

A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, cuando un autónomo sufre un accidente laboral no hay movilizaciones ni protestas sindicales, pero las víctimas están ahí. Confiamos en que el recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha trabaje codo con codo con las asociaciones de autónomos. Necesitamos una labor continua de pedagogía cercana en el día a día, enseñando a prevenir riesgos sin adoptar una postura meramente sancionadora, porque lo primero y más importante es la salud.

P. La falta de relevo generacional está provocando el cierre de comercios y pequeños negocios históricos en muchos municipios. ¿Qué mecanismos fallan en la transmisión de estos negocios y qué papel juegan las grandes plataformas de comercio electrónico?

R. El comercio tradicional sufre una sangría continua. Las plataformas de comercio han cambiado los hábitos de consumo por pura comodidad, pero debemos concienciar a la sociedad: cada compra en estas plataformas reduce las oportunidades de empleo de nuestros jóvenes en sus propios pueblos y destruye el tejido que fija población en la región. Somos 3,3 millones de autónomos en España y más de 150.000 en Castilla-La Mancha; constituimos la empresa más grande del país y se nos está desatendiendo.

Para solucionar la falta de relevo generacional, la Administración debe mediar activamente. A través de convenios como el programa 'Crea, Quédate y Crece' de ATA con la Diputación de Ciudad Real, acudimos a centros de FP y municipios de menos de 20.000 habitantes para fomentar el emprendimiento. Sin embargo, el sistema falla porque falta un incentivo real para tutelar esa transición: se necesitan exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos autónomos en edad de jubilación que deseen mantener abierta su tienda y tutorizar al nuevo emprendedor. De este modo, no solo se garantiza la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, sino que se da vida a nuestros pueblos y ciudades.