"Una auténtica isla de mala gestión". Así ha definido el diputado regional del Partido Popular (PP), Santiago Serrano, la situación de Castilla-La Mancha tras conocerse que ocupa el 16ª puesto en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF).
El parlamentario ha recordado que desde 2017 la región ha perdido "ocho puestos" en este estudio que elaboran anualmente Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, y que otorga a Castilla-La Mancha 5,60 puntos sobre 10.
Unos datos que según Serrano hacen que "nuestra tierra sea un auténtico infierno fiscal por partida doble", porque "aquí sufrimos el infierno fiscal de Pedro Sánchez y sufrimos también el infierno fiscal de Emiliano García-Page".
Serrano ha señalado dos factores principales que sitúan a Castilla-La Mancha en el antepenúltimo puesto del IACF. Por un lado, ha apuntado a "las carencias y el demérito" del Gobierno autonómico en política fiscal y por otro a la "acción del resto de territorios que han hecho las reformas oportunas para ser más atractivos", tanto a la inversión como a la consolidación de la actividad empresarial y del empleo, ha recogido Efe.
Unos factores que a su juicio hacen de Castilla-La Mancha un lugar en el que "cada vez es más difícil emprender y mantener a flote un negocio", y que ha dejado de ser "atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera".
Diagnóstico del IACF
La región ocupaba la octava posición en 2017, con 6,08 puntos. Subió a la séptima en 2018 y mantuvo ese puesto en 2019 y 2020. A partir de entonces comenzó la pérdida de posiciones: décima en 2021, duodécima en 2022, undécima en 2023 y decimoquinta en 2024 y 2025. En 2026, Castilla-La Mancha vuelve a descender un puesto, hasta el 16.
El estudio considera que la principal explicación está en la ausencia de reformas fiscales autonómicas relevantes durante la última década, mientras otros territorios sí han modificado sus sistemas tributarios y han ganado posiciones relativas.
De hecho, las únicas modificaciones que el informe destaca para Castilla-La Mancha durante el periodo analizado son la afección indirecta derivada de la nueva tarifa estatal del Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y la recuperación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua en 2025.