El Gobierno de la Diputación de Toledo propondrá en el pleno de este miércoles la creación de un Programa Provincial de Cooperación para la gestión de una bolsa de empleo de candidatos para la cobertura interina de puestos de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos de la provincia.
Una iniciativa que responde a una de las dificultades que afrontan los municipios de menor población como lo es la cobertura de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, "fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento jurídico y económico de las entidades locales", según señalan.
Esta medida es la continuación de la colaboración con la Junta de Comunidades, con la que ya desarrolla un programa de formación a través de un máster universitario específico para secretarios interventores.
Los secretarios interventores desempeñan funciones "esenciales" como la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación.
Así, cuando estos puestos quedan libres o sus titulares se encuentran temporalmente ausentes, la continuidad de estas funciones puede verse comprometida, especialmente en los ayuntamientos que cuentan con menos medios personales y técnicos.
Cómo funcionará
Desde el Gobierno de la Diputación defienden esta propuesta como una herramienta de apoyo directo a los ayuntamientos al poner los recursos provinciales al servicio de una necesidad que afecta de manera particular a los municipios con menor capacidad administrativa.
En este sentido, ante las situaciones en las que no sea posible cubrir estos puestos con funcionarios de habilitación nacional, la finalidad es facilitarles una respuesta "más ágil y eficaz".
La propuesta establece un procedimiento común al que los ayuntamientos podrán adherirse voluntariamente. En lugar de que cada entidad local tenga que organizar de manera individual su propio proceso selectivo, la Diputación se encargará de su gestión material y técnica y pondrá a disposición de los municipios una relación ordenada de candidatos.
El proceso se desarrollará mediante concurso-oposición y estará basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La Diputación asumirá la preparación y organización del proceso, la recepción de solicitudes y documentación, la elaboración y publicación de las listas de admitidos y excluidos, la organización de las pruebas, la coordinación del tribunal de selección y la gestión posterior de la bolsa de candidatos.
El tribunal estará constituido por funcionarios de la Junta de Comunidades, miembros del colegio de secretarios interventores, funcionarios de habilitación nacional y personal de la Diputación.
En este sentido, una vez constituida la bolsa, los ayuntamientos adheridos podrán solicitar la cobertura de sus puestos cuando exista una vacante, ausencia o cualquier otra circunstancia que permita recurrir al nombramiento de personal funcionario interino. La Diputación ofrecerá el puesto a los candidatos siguiendo el orden establecido y de acuerdo con su disponibilidad.
La propuesta deja entonces en manos de cada ayuntamiento las decisiones que le corresponden, entre ellas determinar la necesidad de cubrir el puesto, acreditar la existencia de la vacante y su financiación y comprobar que no puede ser cubierto por un funcionario de habilitación nacional.
Así, el municipio será el encargado de formular la correspondiente propuesta de nombramiento ante la Dirección General de Administración Local de Castilla-La Mancha.
Por tanto, la función de la Diputación será organizar y gestionar el proceso selectivo común y poner sus resultados a disposición de los ayuntamientos participantes.
Además, los municipios no tendrán que asumir obligaciones económicas por su adhesión al programa. La Diputación será quien afronte con cargo a su presupuesto los costes derivados de la organización del proceso selectivo y de la gestión de la bolsa.
El programa tendrá una vigencia de tres años desde su aprobación y permitirá que los municipios puedan incorporarse durante ese periodo. Así, si la relación de candidatos se agotara, podrán organizarse nuevos procesos selectivos para garantizar la continuidad de esta herramienta de cooperación provincial.
La iniciativa pretende poner la capacidad técnica y organizativa de la institución provincial al servicio de los municipios para facilitar la cobertura de puestos esenciales y contribuir a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos locales.