Nuevo frente entre Castilla-La Mancha y el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta de Comunidades ha confirmado la presentación de diez alegaciones al Decreto que prepara el Ejecutivo central para endurecer la implantación de centros de datos como el que planifica Meta en Talavera de la Reina (Toledo).
La consejera portavoz, Esther Padilla ha confirmado un paso que ya avanzó el presidente Emiliano García-Page hace una semana en una visita a la planta de Mahou-San Miguel en Alovera (Cuenca) y lo ha justificado en que la futura normativa "cambia las reglas" de manera sustancial "a mitad de juego" en proyectos como el del gigante estadounidense.
De ahí que pidan una normativa "exigente y segura" que recoja "un régimen transitorio flexible".
Como ejemplo, Padilla ha explicado que si la normativa sale adelante según ha sido planteada en el borrador, este tipo de centros tendrán que demostrar que el 80 % de la energía que consumen es de carácter renovable.
Esto quiere decir que si empresas como Meta no pueden garantizar o demostrar que cumplen con este parámetro en todo momento, "corren el riesgo de perder los permisos".
Regulación por ley
La portavoz ha desgranado que las alegaciones se basan en el rango jurídico de esta norma y en la proporcionalidad de unas medidas que contemplan, entre otras cuestiones, "recargos de hasta el 500%, pérdida de permisos de acceso y conexión y caducidad de permisos ya concedidos"..
"Una normativa como esta necesita una cobertura legal suficiente y no puede quedar definida, íntegramente, por una normativa reglamentaria", ha argumentado Padilla, quien ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha considera "más lógico elevarlo a una proposición de ley o hacer una modificación de la legislación actual".
La consejera ha insistido en la necesidad de que los cambios puedan implementarse de manera "gradual y proporcionada".
Para ello, ha abogado por ese régimen "ajustado al grado de madurez" de los proyectos que ya están en marcha como "salvaguarda" de estas inversiones.
En materia de eficiencia energética, Castilla-La Mancha plantea que la aplicación de la normativa se lleve a cabo de manera "realista y territorialmente justa". Una petición que no se traduce en "rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha", según Padilla.
Nuevo choque
Este nuevo encontronazo se produce en una semana especialmente tensa entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha a cuenta de la Ley de Financiación.
Como les viene contando EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los ocho parlamentarios regionales del PSOE, sopesan frenar "con hechos" el nuevo modelo de financiación si llega al Congreso sin cambios, es decir, basándose en el criterio de ordinalidad acordado en su día entre Ferraz y ERC.