El PSOE de Castilla-La Mancha no quiere que la batalla contra la financiación autonómica de Pedro Sánchez acabe como la de la amnistía: con mucho ruido político en Toledo y un voto favorable en el Congreso.
Todas las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, tanto del entorno de los ocho diputados socialistas de la región como de la propia estructura autonómica del partido, coinciden: si el modelo planteado por el Ejecutivo de Sánchez avanza en los términos actuales cuando llegue al Congreso, el rechazo no se quedará en palabras y varios representantes castellanomanchegos están dispuestos a adoptar medidas de distinta índole dentro del grupo parlamentario para impedir su aprobación.
Tanto es así que el entorno de Emiliano García-Page ya trabaja en una "estrategia" tanto parlamentaria como de partido con la que intentar frenar el nuevo modelo pactado por el Gobierno con ERC, especialmente desde que el pasado 4 de septiembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Estado impusiese la reforma a todas las comunidades del régimen común pese a que solo están de acuerdo con ella Cataluña y Canarias.
Por el momento, los implicados prefieren no desvelar los detalles del plan. La consigna pasa por esperar a que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto, algo que está previsto para las próximas semanas, y comprobar qué recorrido tiene después en el Congreso. Pero la advertencia interna ya está formulada: si el texto no cambia, el PSOE de Page está dispuesto a frenarlo con hechos.
Esta estrategia interna explica las llamadas al voto "en conciencia" realizadas en los últimos días por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y por el presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, que no eran casuales ni representaban voces aisladas.
Y encaja con el mensaje lanzado este fin de semana por el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y también diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez. "Vamos a seguir peleando internamente en el PSOE, en el Congreso de los Diputados, donde haga falta, para que el sistema de financiación cambie o no salga adelante", afirmó desde la localidad toledana de Villarrubia de Santiago a preguntas de los medios de comunicación.
Distinto a la amnistía
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en que, en este caso, los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso no se conformarán con discrepar internamente y acatar la disciplina de voto, como ocurrió con la amnistía.
El Gobierno de Emiliano García-Page se opuso frontalmente a aquella ley y llegó a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron a favor en la Cámara Baja. Ahora, según las fuentes consultadas, el escenario es distinto. La financiación autonómica no se queda, a su juicio, en una discusión jurídica, ideológica o de principios. Está en juego el dinero con el que Castilla-La Mancha sostiene su sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia, además de las políticas contra la despoblación, las infraestructuras y otras actuaciones vinculadas al desarrollo de la región.
Y hay un segundo elemento que hace que el conflicto sea todavía más delicado: el calendario electoral. Las elecciones autonómicas y municipales están previstas para el 23 de mayo de 2027, pocos meses después de la entrada en vigor que pretende el Gobierno para el nuevo sistema de financiación.
En el PSOE de Castilla-La Mancha asumen que los votantes podrán valorar entonces qué hicieron sus representantes cuando se decidió el reparto del dinero del Estado entre las distintas comunidades autónomas. De ahí que las fuentes hablen de un "elevadísimo coste electoral" si los diputados castellanomanchegos se limitan a criticar el modelo públicamente pero, llegado el momento decisivo, votan a favor sin haber conseguido modificaciones.
El temor es que los ciudadanos interpreten que antepusieron sus propios cargos o la disciplina del partido a los intereses de Castilla-La Mancha. Y las fuentes consultadas aseguran que, precisamente por ese riesgo, esta vez no están dispuestos a limitarse a la discrepancia interna.
Rodríguez y Tolón
Superado el trámite del CPFF, el siguiente paso corresponde ahora al Gobierno. Antes de enviarla al Congreso, donde necesitará mayoría absoluta, el Ejecutivo debe convertir la propuesta en un proyecto de ley y aprobarla en el Consejo de Ministros.
Uno de los diputados castellanomanchegos consultados por este periódico lanza incluso, con ironía, una pregunta: si alguna de las dos ministras castellanomanchegas, Isabel Rodríguez o Milagros Tolón, estaría dispuesta a repetir el precedente de José Bono, que dimitió como ministro de Defensa en 2006 después de expresar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero su rechazo al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La comparación, en cualquier caso, se formula como una provocación política y no como una posibilidad. De hecho, las fuentes preguntadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha descartan que Rodríguez o Tolón vayan a desmarcarse de la posición del Gobierno.
Ambas ya han defendido públicamente la reforma. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que Castilla-La Mancha "es una de las comunidades que en distintos ratios más gana, incluido la percepción de renta o de financiación en relación al número de habitantes".
Milagros Tolón, por su parte, calificó el nuevo sistema de "muy buena noticia" para Castilla-La Mancha y aseguró que supondría una media de 583 euros más por ciudadano. La ministra toledana cifró además en 1.250 millones de euros adicionales cada año los recursos que recibiría la región, un 14 % más respecto a los actuales.
Tramitación parlamentaria
Por tanto, en el PSOE de Castilla-La Mancha dan por hecho que la reforma superará el Consejo de Ministros sin una oposición relevante. El verdadero problema para Moncloa llegará después, cuando el proyecto aterrice en el Congreso y Sánchez necesite los votos de todos sus socios... y de los propios diputados castellanomanchegos.
Junts tampoco da por bueno el modelo y reclama para Cataluña un concierto económico similar al del País Vasco. Si Sánchez necesita negociar con Carles Puigdemont para sacar adelante la reforma, cualquier concesión adicional al independentismo puede hacer todavía más difícil que los socialistas de otras comunidades acepten el resultado.
En el PSOE de Castilla-La Mancha miran precisamente a esa negociación con especial atención. El texto que llegue al Congreso puede ser distinto al que salió del CPFF en algunos aspectos. Y cuanto mayor sea la singularidad concedida a Cataluña, mayor será también la presión sobre los diputados socialistas de territorios que ya han rechazado el modelo.
Más dinero, pero peor posición
La batalla tiene además un componente técnico que para el PSOE de Castilla-La Mancha resulta fundamental. La Junta de Page pone el foco en cambio en la posición relativa de la región respecto al resto de comunidades.
Según FEDEA, Castilla-La Mancha recibió en 2024 hasta 196 euros menos por habitante ajustado que la media autonómica y, con el nuevo modelo, pasaría del 95,1 % al 94,5 % de la financiación media. Es decir, más dinero en términos absolutos, pero una posición relativa peor.
La discrepancia alcanza también al procedimiento. Page sostiene que el modelo no ha sido negociado con las federaciones socialistas ni con el conjunto de las comunidades autónomas, sino acordado bilateralmente con ERC. Lo ha definido como "el modelo menos negociado de la historia" y ha pedido incluso consultar a la militancia.
El presidente castellanomanchego también lo ha calificado como "el más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española" y ha advertido de que, con la aplicación de la ordinalidad, "tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás".
El PSOE de Castilla-La Mancha, hoy por hoy, no necesita avanzar públicamente una rebelión o una ruptura en la disciplina de voto para empezar a condicionar el debate.
La estrategia que está diseñando pasa por mantener abiertas todas las vías de presión mientras el Gobierno termina de concretar el proyecto. Pero con una línea roja ya marcada: si el modelo llega al Congreso sin cambios, los diputados castellanomanchegos no se limitarán a dejar constancia verbal de su rechazo. Tienen claro que irán más allá.