La propuesta del Gobierno de España para regular y controlar el despliegue de nuevos centros de datos en el territorio nacional ha abierto un nuevo frente entre el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
El nuevo real decreto del Gobierno obligará a los promotores de los centros de datos a acreditar que sus proyectos cumplen unos requisitos determinados y se guarda la baza de poder bloquearlos en caso de no cumplirlos.
Las reacciones entre las empresas y los gobiernos autonómicos no se han hecho esperar tras conocer uno de los requisitos más exigentes, que obligará a los centros de mayor tamaño a respaldar con energía renovable al menos el 80 % de su consumo eléctrico, acreditándolo cada hora.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra el real decreto, asegurando que esta misma semana "presentarán alegaciones" y "eventualmente" acudirán a los tribunales.
Durante la inauguración de la planta de biomasa de Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara), ha reconocido que le parece "bastante dramático" para vertebrar y cohesionar un país que "se esté diseccionando y se quiera pilotar el proceso y el mapa industrial en España divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza".
"Encima luego es la renta y la riqueza de esos territorios beneficiados los que terminan condicionando hasta la financiación autonómica", ha lamentado el líder regional.
Y ha ironizado con que confía en que sean los independentistas, "que son los que mandan", los que terminen tumbando la propuesta del Gobierno.
"Si nosotros ponemos la cama, el territorio, el esfuerzo y la burocracia, pensando que cada vez que ponemos placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?", se ha cuestionado.
Al respecto, Page ha considerado contradictorio que "las comunidades faciliten la producción de la energía, pero no decidan ni opinen sobre las instalaciones que dejan empleo y riqueza".
Nueva lucha Page - Sánchez
El real decreto del Gobierno para regular los centros de datos se erige como precursor de un nuevo escenario de confrontación entre Page y Pedro Sánchez. Una lucha más que se une a una larga lista de enfrentamientos, por asuntos como la amnistía, el agua, la financiación autonómica o el reparto de migrantes.
"Me podrán decir muchas cosas, pero tonto no me considero. Confío muy poco en que el Gobierno de España, a la hora de decidir dónde se instalan los centros y las empresas, elijan a Castilla-La Mancha. Por eso, presentaremos alegaciones y eventualmente iremos a los tribunales", ha adelantado.
La propuesta estatal pone el foco en uno de los proyectos de mayor envergadura que se desarrollará en la comunidad, la llegada de Meta a Talavera de la Reina.
De hecho, este mismo mes de agosto, la Junta ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) que permitirá el desarrollo del futuro campus de datos de la compañía en el Polígono de Torrehierro.
No obstante, como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el proyecto de Meta contempla también la construcción de una planta fotovoltaica para alimentar el centro de datos. Quedaría por concretar la capacidad de esta planta para adecuarse a la nueva normativa que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez.