El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que la Junta presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha expresado este viernes desde la tradicional Romería del Valle de Toledo, expresando que "la inactividad del Gobierno de España es absolutamente inadmisible".
"Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio, y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan", ha afirmado el líder autonómico.
Al respecto, se ha referido a que varias sentencias del Tribunal Supremo se han pronunciado ya "a favor de la postura de Castilla-La Mancha" y, pese a ello, el Gobierno de España "todavía no ha modificado las normas del trasvase".
"Algunos se extrañan de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político. Hay que retratarse y ser sinceros. Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno", ha asegurado.
Asimismo, ha afirmado que le "duele especialmente que se incumpla la palabra que han dado a todos y que está en el Boletín Oficial del Estado". "A mí mismo me la han dado muchos responsables públicos. Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país", ha criticado.
Por último, ha asegurado que esta realidad "se replica casi confederación a confederación, cuenca a cuenca", apuntando a que Castilla-La Mancha tiene un total de siete.
Recursos contra el plan del Tajo
Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado lunes la Justicia volvió a dar la razón al Gobierno regional con una nueva sentencia en favor de sus peticiones e intereses.
En concreto, el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo y el Segura.
Entre los argumentos contemplados en la sentencia está el hecho de que las entidades locales "no tienen reconocido en Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso- administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado".
Además, recoge los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.
De esta forma, tan solo queda pendiente de resolución el recurso que interpuso el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).