El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la maquinaria de la futura Ley de Accesibilidad Universal con la celebración de un encuentro de trabajo junto a 200 personas que representan al sector de la discapacidad, entidades de mayores, representantes del sector privado, del tejido empresarial y responsables de administraciones públicas y universidades, así como sectores relacionados con esta materia, como el Colegio de Arquitectos.
La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, quien ha expresado la idea del Gobierno regional de que "esta nueva ley sea redactada de la mano de la sociedad, desde la experiencia, el compromiso y el conocimiento de quienes están ya muy implicados en la materia y para garantizar la accesibilidad de manera universal para toda la ciudadanía”, ha informado la Junta de Comunidades.
En este sentido, ha confirmado que una vez aprobada la ley se activará un Consejo Regional de Accesibilidad Universal para que pueda empezar a trabajar sobre ella.
Desde estas jornadas, Caballero ha señalado que "el objetivo es aprobar la ley antes de que concluya la legislatura y esperamos que por unanimidad". En este sentido, ha señalado que el objetivo es "crear una ley que logre el máximo respaldo, no solo parlamentario, que sin duda es importante, sino sobre todo social".
Por eso, ha subrayado que "las leyes no son importantes porque se promulgan, sino porque tienen impacto social, mejoran la vida de la ciudadanía, están dotadas presupuestariamente y consiguen los objetivos para los que han sido creadas".
Mejora de la financiación
"Vamos a trasladar tres objetivos a las instituciones europeas en materia de accesibilidad universal", ha anunciado el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha. En este sentido, ha explicado que se trata de solicitar fondos comunitarios en el nuevo Marco Financiero Plurianual comunitario para al período 2028-2034, para políticas públicas de Accesibilidad Universal.
"Deben estar canalizados a través de los mecanismos que se consideren más oportunos, como por ejemplo el Fondo Social Europeo y, con carácter preferente, gestionados por las propias comunidades autónomas”, ha explicado.
Por otro lado, Castilla-La Mancha pedirá que se refuerce la condicionalidad adicional a lo que ya establecen los reglamentos de los fondos europeos para promover una accesibilidad universal real y efectiva. Además, Caballero ha señalado que “queremos que incluyan a las localidades de menos de 50.000 habitantes en su convocatoria de reconocimientos a las iniciativas municipales que apuestan por la accesibilidad universal considerando realidades como la de Castilla-La Mancha”.
Por último, Caballero ha llamado la atención sobre “la importancia que tiene para Castilla-La Mancha un nuevo modelo de financiación autonómica”, ya que “nuevos recursos económicos nos permitirán afianzar en condiciones de seguridad el desarrollo y la implementación de la ley”. Por ello, ha advertido que “no nos vale cualquier modelo de financiación autonómica, sino uno que reconozca la singularidad de una región como la nuestra, con un alto porcentaje de envejecimiento y con una amplia dispersión territorial”.
Por su parte, el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha señalado que "estamos muy satisfechos por la respuesta obtenida, ya que casi 200 personas nos acompañan en lo que va a ser una jornada de diálogo, de concertación y, sobre todo, de escucha activa por parte del Gobierno regional". De ahí que haya explicado que el objetivo es "recoger estas aportaciones y trasladarlas a la futura ley", en el marco del proceso participativo para la elaboración de la Ley de Accesibilidad Universal.
Junto al vicepresidente segundo y el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, han estado la directora de Ilunion, Elena Ortega, como representante de la empresa social impulsora de estas jornadas; y representantes del Gobierno de España, como el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco; la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo. Finalmente, también ha habido representación de la Comisión Europea, con la directora general de Igualdad y Justicia, Ana Carla Pereira.