El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido la puesta en marcha de una auditoría hídrica regional "para conocer con exactitud cuánta agua tiene" Castilla-La Mancha y poder planificar con rigor las necesidades presentes y futuras de la comunidad autónoma.
Así lo ha indicado tras mantener una reunión en Ciudad Real con la Federación de Usuarios de Aguas del Guadiana, donde ha reclamado también la elaboración de un mapa de necesidades que determine los recursos necesarios para la agricultura, la ganadería, el desarrollo urbano, industrial y la transformación agroalimentaria.
Núñez ha defendido que el agua es un recurso esencial para el presente y el futuro del campo castellanomanchego y ha apostado por "garantizar que el agua llegue a agricultores y ganaderos", ya que, a su juicio, "no hay otro camino" porque "sin agua no hay agricultura ni ganadería, y por tanto, no puede haber desarrollo agroalimentario ni oportunidades en el medio rural".
Núñez asiste a una reunión con la Federación de Usuarios de Aguas del Guadiana en Ciudad Real.
El líder del PP regional ha lamentado que el Pacto Regional por el Agua, firmado hace más de cinco años, "no se ha desarrollado" y ha incidido en la necesidad de impulsarlo como una de las primeras decisiones al frente del Gobierno autonómico.
Blindar intereses
Asimismo, ha abogado por promover un Pacto Nacional por el Agua que permita "blindar los intereses hídricos" de Castilla-La Mancha dentro de una planificación consensuada a nivel estatal.
Durante su intervención, también ha defendido "garantizar la prioridad" de la cuenca cedente, asegurando que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha estén cubiertas antes de adoptar cualquier otra decisión.
Núñez ha advertido de que en los últimos años agricultores y ganaderos disponen de menos agua que hace una década, mientras persisten problemas estructurales desde hace décadas.
En este sentido, ha señalado como cuestiones urgentes la regularización de más de 1.800 pozos pendientes y la situación de los denominados "pozos de 7.000", cuya utilización podría verse comprometida en 2027 si no se actúa conforme a la Directiva Marco del Agua. También ha reclamado la ampliación de plazos y la garantía de los derechos de uso.
Por último, ha insistido en la importancia de invertir en infraestructuras hídricas, en la modernización y transformación de regadíos y en sistemas de almacenamiento que permitan a la región aprovechar al máximo sus recursos y convertir el agua en sinónimo de riqueza, empleo y futuro.