Después de que el acuerdo para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha saltara por los aires al presentar el PP una enmienda a la horquilla de diputados, los agentes sociales y económicos de la comunidad han reaccionado en cadena para reclamar a los 'populares' que se respete el pacto.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha opinado que se ha producido "una cascada muy razonable de posicionamientos por parte de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, la UCLM, la Mesa del Tercer Sector o la EAPN".
"Todos ellos han trabajado muchas horas para alcanzar el acuerdo. Están siendo tan contundentes porque se sienten ofendidos. Han visto como el PP ha roto ese consenso, que ha sido ejemplo en todo España", ha afirmado.
Padilla ha indicado que el PP podría haber optado por "enfrentarse al secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, o a Génova, pero ha decidido situarse enfrente de Castilla-La Mancha y de todos esos colectivos con los que hemos estado sentados durante muchas horas para alcanzar ese pacto".
Por ello, ha valorado que han "traicionado el acuerdo y solo les queda volver y retirar aquello que no esté consensuado".
Agentes sociales
Este mismo miércoles, la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha exigía al PP que "respete y mantenga" el texto pactado. Además, pedía que no utilice el debate sobre el número de diputados y diputadas para reabrir una negociación que, a su juicio, no responde a las prioridades de la ciudadanía más vulnerable.
A esta petición de una plataforma que agrupa a ocho grandes entidades sociales de la región se ha unido este jueves la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).
La organización, que aglutina un total de 65 asociaciones sociales, ha hecho un "llamamiento formal, directo y constructivo" a los grupos políticos con representación en el Congreso para que "mantengan el espíritu de acuerdo alcanzado".
Y ha recordado al PP que el Estatuto "es ante todo un instrumento al servicio de la convivencia, la cohesión social y el desarrollo de la región". "Hay que colocar en el centro lo que debe ser irrenunciable: el bien común y la protección efectiva de las personas más vulnerables", ha asegurado.
Agentes económicos
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, también pidió "respeto" en el Congreso de los Diputados para el acuerdo que PP y PSOE cerraron en las Cortes regionales después de meses de negociaciones.
"No entiendo este cambio de tercio. El pacto no fue fácil", aseguró, en alusión a la enmienda registrada por el PP. Al respecto, indicó que incluso serían necesarios "más diputados de los planteados por el Gobierno regional".
De su lado, Asaja Castilla-La Mancha también se ha pronunciado en la misma línea y ha pedido "respeto" para el acuerdo. En un comunicado remitido desde Toledo, la organización agraria ha solicitado que se mantenga el texto aprobado, fruto "del consenso político y de las aportaciones realizadas por los agentes económicos y sociales de la región".
"No existen razones que justifiquen un bloqueo del texto ni un retroceso tras meses de diálogo, negociación y trabajo conjunto", ha asegurado.
Sindicatos
Los sindicatos también han defendido el pacto. La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha abogado por la aprobación del Estatuto y ha destacado "el consenso político y social en torno a la reforma del texto".
Acónez ha afirmado que "la reforma blinda el diálogo social, algo importantísimo". Y ha recalcado que "el compromiso adquirido se tiene que cumplir".
Por último, la secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, ha calificado como un "absoluto despropósito" que el PP regional no asuma el Estatuto.
"La situación en la que se encuentra la modificación de la Carta Magna regional es una mala noticia. El Estatuto es un texto fundamental y su modificación se ha trabajado con la totalidad de la ciudadanía castellanomanchega", ha sentenciado.
Enmienda del PP
Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado miércoles, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes.
Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.
Sin embargo, los populares han registrado una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.