La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que "en ningún momento" la región ha rechazado a ningún menor migrante. "Nosotros hemos estado acogiendo y seguimos acogiendo a los menores a los que van asignando. No hemos dejado de atender a ninguno", ha expresado.
Así ha respondido a las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras su reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las que ha asegurado que "ha habido problemas con La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha, ya que cada vez que contactas indican que no hay plazas ni recursos".
Además, Clavijo ha anunciado que el Gobierno canario pedirá actuar a la Fiscalía de Menores "si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería".
Por ello, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que "en muchas ocasiones se ha asignado un número determinado de menores que finalmente no hacen los traslados". "Pero nosotros estamos acogiendo y estamos acogiendo en un nivel máximo", ha aclarado.
Y ha defendido que el modelo de acogida de Castilla-La Mancha está "establecido desde hace tiempo para dar las mejores condiciones a estos menores de edad, que requieren estar atendidos por profesionales".
La consejera portavoz ha reconocido que las declaraciones de Clavijo han sido una "sorpresa" y ha opinado que "no puede decir que se haya rechazado a algún menor".
"Es necesario e imprescindible que se dote de la financiación suficiente para acoger con dignidad a estos menores. Hasta el momento no están todos los (recursos) que se necesitan", ha sentenciado.
Recurso al Constitucional
Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico recurrió al Tribunal Constitucional el pasado mes de junio de 2025 el real decreto-ley que regulaba el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. El órgano judicial lo admitió a trámite días después.
El recurso impugnaba tanto el contenido del decreto como el proceso seguido para su aprobación, al considerar que han vulnerado principios básicos del reparto competencial y de cooperación territorial, especialmente en un ámbito tan delicado como la atención a menores no acompañados.
Asimismo, la Junta justificó su presentación alegando que el decreto se aprobó "sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno", lo que, a su juicio, vulneraba el principio de cooperación institucional en un asunto de especial sensibilidad.
Por último, apuntaba a la falta de financiación asociada a la medida, un hecho que pone "en grave riesgo la garantía del interés superior del menor"