Puertollano (Ciudad Real) se convertirá este jueves, 15 de enero, en el punto neurálgico del debate sobre el futuro industrial, laboral y social de España. La ciudad minera, que ha sabido reinventarse en las últimas décadas, acogerá una nueva cita del ciclo de foros impulsado por Comisiones Obreras bajo el título "Transiciones. Respuestas", una reflexión colectiva sobre los desafíos que plantea el nuevo modelo productivo en un contexto marcado por la transformación energética y tecnológica.

El encuentro se desarrollará a partir de las 18:00 horas y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de CCOO. Contará con la participación de Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas del sindicato, y de Gonzalo Sáez de Miera, presidente de Corporate Leader Group Europe y director de Cambio Climático y Alianzas del área de Presidencia de Iberdrola. La periodista Gracia Galán moderará la conversación, centrada en el impacto de las nuevas estrategias energéticas sobre el empleo, la industria y la cohesión territorial.

Puertollano, símbolo histórico de la reconversión industrial, volverá así a situarse en el centro del debate sobre el futuro del trabajo. La presencia del Centro Nacional del Hidrógeno y de la mayor planta de hidrógeno verde de Europa refuerzan su papel como laboratorio de la transición energética, un entorno donde se cruzan la innovación tecnológica y la búsqueda de empleo estable y de calidad.

Más allá de la energía, la mesa abordará también los retos que trae consigo la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial en los centros de trabajo, así como los desequilibrios demográficos, el envejecimiento poblacional y los flujos migratorios que transforman la estructura social del país.

Con este contexto, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha conversado con Javier Pacheco, quien ha desgranado las claves de una triple transición —ecológica, digital y demográfica— que, según defiende, debe afrontarse desde una acción sindical firme y propositiva para garantizar que los cambios beneficien a las personas trabajadoras y no profundicen las desigualdades.

P.- ¿Cuál es el objetivo principal de la jornada que se celebrará en Puertollano y qué mensaje quiere lanzar CCOO desde una ciudad que se ha convertido en un símbolo de transición energética en España?

R.- El mensaje fundamental que queremos trasladar es la necesidad imperiosa de conectar el análisis y ofrecer respuestas conjuntas a los tres grandes ámbitos de transformación profunda que estamos viviendo: la revolución digital, la transición ecológica y el reto demográfico. Nuestra aportación busca poner estos temas sobre la mesa de forma integrada porque, actualmente, se están abordando de manera muy parcializada, cuando la realidad es que tienen una interrelación directa tanto en las condiciones de vida de la gente como en la estructura del desarrollo económico y social del país.

El objetivo principal es, por tanto, vincular estos tres elementos bajo una única estrategia de análisis y actuación. Por lo tanto, hemos elegido Puertollano precisamente por su carga simbólica: queremos demostrar que existen formas de impulsar estas transiciones donde la participación y la cogobernanza tengan un impacto positivo real.

"Buscamos una transición justa para que la gente no se quede por el camino"

Además, buscamos reivindicar el contexto de una "transición justa" para evitar escenarios donde, en el cambio de modelo productivo, la gente se quede por el camino. Ese es el escenario que queremos evitar a toda costa; nuestro fin es que la ciudadanía pueda incorporarse a estos nuevos procesos de transformación, que a todos nos gustan, pero garantizando que lo hacen con derechos y con empleo de calidad.

P.- Castilla-La Mancha, una región eminentemente rural, se está consolidando como la despensa energética del país. ¿Está garantizando el actual modelo de transición ecológica beneficios reales para el territorio y sus trabajadores?

R.- Debemos ser conscientes de que España tiene ante sí una oportunidad histórica en el desarrollo de su transformación energética hacia las renovables, que actúan como un polo de atracción de nuevas inversiones. Sin embargo, es crucial poner en relación el esfuerzo que realiza el ámbito territorial para acoger estas energías con la concreción y orientación de las inversiones, de modo que se traduzcan efectivamente en más riqueza y mayor empleo local. No puede consistir simplemente en exigir a la ciudadanía y al territorio que ofrezcan sus espacios para desarrollar una "estrategia de país" si luego esta no repercute directamente en la zona.

"No es aceptable extraer recursos locales para alimentar estrategias digitales ajenas al entorno"

Por tanto, entendemos que esta estrategia de desarrollo energético e industrial es la oportunidad para recuperar equilibrios territoriales perdidos, luchar contra la despoblación y lograr una vertebración económica mucho más equitativa y justa.

La percepción que tenemos desde CCOO es que si no hubiera existido una orientación de inversiones públicas —fruto de decisiones en el marco europeo—, habría sido imposible ver las importantes inversiones industriales que están llegando a comunidades autónomas que llevaban años sin recibir proyectos de estas características ni espacios de reindustrialización.

Creemos que esta oportunidad se puede maximizar aún más si las políticas públicas y privadas no se dejan al azar de lo que decida el mercado, sino que se orientan estratégicamente.

P.- Las macroplantas fotovoltaicas y eólicas ocupan grandes extensiones de suelo y generan poco empleo tras su construcción. ¿Qué condiciones deben proponerse para que estas inversiones se traduzcan en empleo estable, industria asociada y desarrollo local?

R.- Debemos considerar la propiedad de los espacios ocupados por las plantas fotovoltaicas como terrenos de oportunidad para transformar el regadío y la agricultura. Además, deberíamos observar estrategias como las que está desarrollando China, donde la implementación de esta energía se acompaña de inversiones concretas en el territorio para mejorar el acceso a acuíferos y la fertilidad del suelo, aprovechando la baja temperatura que generan los paneles para combinar generación de energía con regadío.

Esa tendría que ser la primera opción: buscar una relación directa y coordinada entre las empresas energéticas y el territorio para evitar esa continua cruzada entre el desarrollo renovable y la preservación del campo.

En segundo lugar, si el desarrollo de las renovables depende intrínsecamente del territorio —porque donde no hay aire o agua no se pueden desplegar—, los territorios que aportan estas fuentes de energía deben recibir una compensación en forma de reversión de inversiones industriales. Si la competitividad del precio de la energía va a ser un factor determinante para reindustrializar el país, y esa energía se genera en el territorio, las inversiones deben orientarse a la vertebración territorial.

Estas son las dinámicas de concertación público-privada que deben ponerse sobre la mesa, con un papel fundamental de los trabajadores a través del diálogo social, garantizando políticas de adaptación para que la transición sea justa y nadie pierda su empleo o sus rentas en el proceso.

P.- La transición digital avanza en paralelo gracias a la IA, con proyectos como los macrocentros de datos previstos por Meta en Talavera y otros similares en Puertollano. ¿Qué impacto laboral tienen estas infraestructuras y cómo se evita que su implantación consuma recursos sin dejar un retorno social suficiente?

R.- En el mundo de la digitalización existe una relación directa con la necesidad de recursos del territorio: estos centros consumen muchísima agua y energía. No son implementaciones gratuitas. No podemos permitir inversiones que generen muy poco empleo directo y que extraigan recursos del territorio para proveer datos que se explotarán a millones de kilómetros.

No es aceptable extraer recursos locales para alimentar estrategias digitales ajenas al entorno. Por ello, es necesario establecer una regulación estricta para que las políticas públicas orienten esas inversiones hacia la atracción de una industrialización concreta en la zona. No pongo en duda que los centros de datos deben implantarse de manera ordenada en la península, pero deben tener una relación directa de compensación por los recursos extraídos.

"Los territorios que aportan energía deben recibir una compensación en inversiones industriales"

Esto no puede traducirse en la desertificación de nuestros acuíferos ni en el consumo exclusivo de nuestra energía renovable para alimentar datos que luego nutren inversiones productivas fuera del territorio. Ahí es donde debe actuar la política pública con mayúsculas para industrializar el país de forma coherente.

P.- La digitalización y la inteligencia artificial están transformando los centros de trabajo. ¿Va la regulación laboral al ritmo de estos cambios o existe el riesgo de que la tecnología avance más rápido que la protección de las personas trabajadoras?

R.- La tecnología avanza muchísimo más rápido, pero esto es algo inherente a todas las revoluciones industriales de la historia: la regulación, que no deja de ser las reglas de convivencia, siempre va un paso por detrás porque se construye sobre la práctica de los hechos. El problema específico de esta revolución industrial es el carácter vertiginoso de los tiempos. Esto obliga a la órbita política y a los administradores de los intereses generales a realizar un esfuerzo mucho mayor para agilizar la regulación de las condiciones de vida.

Por ejemplo, me parece del todo miope el posicionamiento político contrario a la reducción de jornada, cuando es precisamente una de las respuestas más eficaces a los procesos de digitalización: permite repartir mejor los tiempos de trabajo, optimizar la productividad y repercutir directamente en la mejora de vida de las personas.

"La reducción de jornada es la respuesta lógica a los procesos de digitalización"

El legislador debe aprender de las revoluciones pasadas para evitar que este cambio tecnológico derive en una pérdida de oportunidades y en una economía meramente financiarizada. Necesitamos que la economía productiva tome protagonismo, porque el sector manufacturero genera relaciones laborales de mayor calidad y renta, lo que repercute directamente en el tipo de sociedad, con más derechos y mejores condiciones, que queremos ser.

P.- Usted, por parte de CCOO, lidera la negociación del Salario Mínimo Interprofesional con el Gobierno. Tras la propuesta del Ministerio de Trabajo de una subida del 3,1 % para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales, ¿qué lectura hace el sindicato?

R.- Hacemos una valoración muy positiva porque, tras muchos años de esfuerzo, estamos consolidando la aplicación de la Carta Social Europea en España: lograr que el salario mínimo alcance el 60 % del salario medio neto. Esta cifra de 1.221 euros consolida esa relación directa, instalando en nuestro marco laboral la garantía de que nadie cobrará menos de ese porcentaje.

Además, valoramos positivamente que se garantice, como mínimo, el IPC para no perder poder adquisitivo. Esto ofrece certezas y un itinerario claro a los casi dos millones de trabajadores que perciben el SMI.

"No debemos olvidar que el SMI es, prácticamente, un salario de subsistencia"

El gran dinamismo que pedimos viene dado a que ya hemos cambiado de año y las nóminas de enero deben empezar a prepararse la próxima semana. Queremos que la actualización sea inmediata para que la gente no tenga que esperar, ya que no debemos olvidar que el SMI no deja de ser un salario prácticamente de subsistencia.

Los beneficiarios son la parte más vulnerable de la clase trabajadora, quienes tienen mayores urgencias para cubrir sus gastos mensuales. Por tanto, deberíamos cerrar el acuerdo esta misma semana para que la subida tenga efectos reales ya en las nóminas de enero.

P.- Algunos expertos sugieren un SMI diferenciado por comunidades autónomas según sus condiciones socioeconómicas. ¿Qué opina de esta tesis y cómo afectaría a Castilla-La Mancha?

R.- Quienes defienden esa tesis son, por lo general, aquellos a los que les gusta articular las condiciones laborales estrictamente en el marco de la empresa para debilitar la negociación colectiva. Curiosamente, quienes más reivindican la fragmentación territorial o sectorial —como el sector del campo— son precisamente los que pagan peores salarios. Debemos tener claro que romper la unidad de caja del salario mínimo, que es el suelo salarial de referencia, tiene una clara vocación de precarizar las condiciones de vida de la gente.

Nunca estaremos de acuerdo en fragmentar el SMI. El salario mínimo es el suelo; a partir de ahí, son los convenios colectivos los que deben determinar la regulación salarial real y adaptarse a la realidad territorial y sectorial de cada caso. España ya tiene herramientas para eso a través de la negociación colectiva.

"Diferenciar el SMI por territorios es dar alas a quienes buscan la explotación laboral"

Utilizar el SMI para diferenciar territorios es simplemente dar alas a quienes piensan que pueden enriquecerse mediante la explotación laboral. Seamos claros: nadie puede vivir dignamente en este país con 1.221 euros; con esa cantidad, prácticamente no pueden pagar ni el alquiler de su casa.