El Gobierno de Castilla-La Mancha no asumirá las rutas que el Ministerio de Transportes dejará de prestar en base al nuevo mapa concesional de autobuses diseñado por el departamento de Óscar Puente si no existe una financiación suficiente y garantizada por parte del Estado.
En una respuesta oficial remitida por el Gobierno de Page al Ministerio, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Ejecutivo regional subraya que "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera inviable asumir los tráficos que el Ministerio deja de prestar, sin que exista una fórmula de financiación que cubra íntegramente el déficit generado por las rutas afectadas, ni una definición clara del periodo de financiación".
El informe autonómico, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, cifra en 347 los municipios castellanomanchegos que se quedarían sin parada y en 3.181 los trayectos que desaparecerían. Esas rutas, de ser asumidas por la Junta, supondrían un coste añadido de 16 millones de euros a la Administración regional.
Frente a esa necesidad, "la propuesta de financiación presentada por el Ministerio contempla una aportación de tan solo 7 millones de euros", advierte la Dirección General de Transportes y Movilidad en un documento que ha sido elaborado tras un "estudio detallado en el que se identifican las necesidades concretas para garantizar la adecuada prestación de los servicios de transporte".
Más financiación
La Junta recalca que "ha procedido a la elaboración detallada de cada uno de los itinerarios" y que existe disposición para "planificar y poner en funcionamiento las rutas necesarias", pero insiste en que esta actuación queda supeditada "a la existencia de una financiación garantizada que permita su implementación con plena seguridad jurídica y presupuestaria".
Por ello, pide ampliar el plazo de negociación más allá del 15 de septiembre, fecha límite marcada por el Gobierno central, con el objetivo de alcanzar "una solución consensuada que contemple un modelo de financiación adaptado a las particularidades de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha".
Polémico mapa
El origen de este choque está en el nuevo mapa concesional que impulsa el Ministerio de Transportes, con el que pretende reorganizar las rutas nacionales de autobús. El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca un modelo más eficiente y rentable, estructurado en 22 corredores, que reduzca tiempos de viaje y tarifas.
Sin embargo, su aplicación supondrá la eliminación de miles de paradas en la España rural y ha desatado el rechazo frontal tanto de las comunidades gobernadas por el PP como de Castilla-La Mancha.
Desde la Consejería de Fomento del Gobierno castellanomanchego insisten en que la eliminación de paradas obligará a los viajeros a hacer transbordos en nodos principales, lo que generará incomodidad y mayor gasto.
La posición del Gobierno de Page es clara: existe voluntad de colaboración, pero no a cualquier precio. Como remarca en su respuesta oficial, solicita "que se continúe trabajando de manera conjunta más allá del 15 de septiembre de 2025, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada" y reitera que no aceptará competencias sin "seguridad jurídica y presupuestaria".
Óscar Puente ha dado de plazo hasta el 15 de septiembre para que las autonomías comuniquen si aceptan o no la asunción de estos tráficos regionales. La oferta del Ministerio incluye una partida de 40 millones de euros a repartir entre todas las CCAA, condicionada a que cada una de ellas se haga cargo de la totalidad de los trayectos que antes prestaba el Estado. En caso contrario, Transportes advierte que no habrá compensación económica.