El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en que no están en condiciones de acoger "en condiciones dignas" a los 692 menores migrantes que el Ejecutivo central ha impuesto a la comunidad autónoma en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

La portavoz autonómica, Esther Padilla, ha afirmado ante los periodistas que "si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central incremente una financiación que desde Castilla-La Mancha consideran a todas luces "insuficiente" para dar respuesta a esa acogida en "condiciones dignas y humanitarias".

En este sentido, se ha mostrado convencida de que el Gobierno central comparte el mismo criterio esgrimido desde el Palacio de Fuensalida teniendo en cuenta que "el Ministerio de Seguridad Social dijo que no podía acoger a los 1.000 menores previstos con la capacidad que tienen sus centros".

Padilla ha recordado que la acogida implica "acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras", algo que se traduce en "un coste que está muy por encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno" y además implica "un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora".

Recurso al Constitucional

De hecho, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE que ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra esta norma al carecer de una "compensación económica" suficiente.

Según los cálculos aportados por el Ejecutivo presidido por Page, las comunidades autónomas deberían recibir una partida de 250 millones para poder acoger a estos niños y niñas en unas condiciones mínimas.

En el caso de Castilla-La Mancha, con los recursos asistenciales casi al límite, Padilla ha recordado que el pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social trasladó al Gobierno de Canarias la disposición de 10 plazas libres "de manera voluntaria", corroborando así que no se oponen a la acogida de menores.

Advertencia del ministro

Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha confiado en que todas las comunidades acaten el reparto o, de lo contrario, "tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación".

No obstante, durante una entrevista en TVE, ha subrayado su confianza en que "ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley".