La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado de la previsión de que los traslados de menores migrantes no acompañados comiencen a llevarse a cabo en el próximo mes de agosto. Así lo ha expresado, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde algunas comunidades como Castilla-La Mancha han reclamado una financiación suficiente.
"Estamos en condiciones de tener todo listo para los consejos de ministros que hay antes del verano. La previsión sería en el mes de agosto, pero entendiendo también la complejidad que tiene y la propia cadencia de los mecanismos del procedimiento administrativo", ha expresado Rego, a la vez que ha criticado el "bloqueo de las regiones gobernadas por el Partido Popular".
Además, ha anunciado que se han aprobado 22 millones para las comunidades y ciudades autónomas con sobreocupación, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Una medida que ha contado con el voto a favor del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la financiación, la ministra ha asegurado que se abordará en la próxima conferencia sectorial del mes de julio. "La cuestión de la financiación no se ha tratado en esta conferencia sectorial, pero se va a tratar en la próxima. La previsión es convocarla en el mes de julio, en la que llevaremos específicamente la cuestión del sistema ordinario de acogida y las tablas definitivas de lo que corresponde asumir a cada comunidad", ha expresado.
De cara al encuentro, ha instado a las comunidades a ser "responsables y no adelantar problemas". "La noticia de hoy es que llevamos el reglamento con perspectiva de infancia en base a derechos, dando un tratamiento individualizado. Estos niños y niñas no son cifras, sino seres humanos", ha afirmado.
Castilla-La Mancha pide financiación
Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha trasladado la posición del Ejecutivo regional a la ministra durante la conferencia.
Ha mostrado el compromiso de la Junta con una "respuesta solidaria" a la actual crisis migratoria, pero ha vuelto a reclamar "una dotación presupuestaria suficiente que permita colaborar de forma efectiva, sin poner en riesgo sus propios sistemas de protección".
"Es necesario apelar a la solidaridad como país, pero también al apoyo económico de la Unión Europea. Esta crisis requiere una respuesta estructural del Estado, que no debe delegar unilateralmente en las comunidades un problema de esta envergadura", ha expresado.
Además, García Torijano ha considerado que la respuesta tiene que elaborarse en base al diálogo, al acuerdo, a la financiación suficiente y a criterios que reflejen la realidad económica, geográfica y de recursos de cada territorio.
La consejera ha reiterado el "riesgo" que supondría trasladar el problema de una comunidad a otra sin un plan coordinado y con financiación adecuada. La región mantiene un modelo basado en pequeñas unidades de convivencia, sin grandes centros de acogida, acorde con las recomendaciones internacionales y el nuevo enfoque de cuidados impulsado por el Gobierno de España. Este modelo es costoso, pero supone una mayor inversión social y garantiza una atención de calidad a los menores. No vamos a renunciar a ello", ha sentenciado.