Las reformas estatutarias que diferentes comunidades autónomas acometieron en los primeros años del siglo XXI se caracterizaron por el consenso en el trámite de sus respectivas Cortes. La iniciativa que tomaron los respectivos poderes legislativos fue respaldada, de forma prácticamente generalizada, por los principales partidos de sus Cámaras.
Una situación similar se produjo en Castilla-La Mancha en 2007. En enero de aquel año, los dos grupos parlamentarios con representación en el Parlamento autonómico aprobaron una propuesta que tres años más tarde quedó olvidada tras la falta de acuerdo durante la tramitación en las Cortes Generales.
Más allá del proyecto truncado de Castilla-La Mancha, la reforma de la norma institucional de Cataluña se convirtió en el principal exponente de los conocidos como estatutos de segunda generación. Además, la modificación del texto se aupó como un asunto político de primera magnitud.
Tras una difícil negociación, la extinta Convergencia i Unió se adhirió al texto que impulsaba el tripartito, el Gobierno regional que desde 2003 lideraba el PSC de Pasqual Maragall y respaldaban ERC e Iniciativa per Catalunya, una confluencia de izquierdas.
Finalmente, 120 de los 135 diputados de las Cortes catalanas aprobaron el texto. Entretanto, el PP, la única formación que se opuso al texto, elevó un recurso al Tribunal Constitucional. El órgano que interpreta la Carta Magna modificó el articulado parcialmente y después de su aprobación tanto por las Cortes Generales como por la ciudadanía catalana en un referéndum con escasa participación.
Más allá de Cataluña, la primera década de los dos mil dejó reformas en los estatutos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla y León, las Islas Baleares y Extremadura.
La propuesta que se gestó en la región levantina contó con el respaldo de los 83 diputados de los grupos de PP y PSOE. Los seis diputados de Entesa, una confederación de formaciones de izquierda articulada en torno a Izquierda Unida, se opusieron al plan.
Fue Andalucía la comunidad donde la reforma obtuvo un menor apoyo durante la etapa primigenia. La propuesta avanzó hasta el Congreso de los Diputados con el visto bueno de 67 representantes, suma de los grupos socialista y de IU. La fortaleza electoral que entonces disfrutaba la izquierda en la región meridional permitió salvar la negativa con que PP y los andalucistas recibieron la propuesta.
Posteriormente, y durante la campaña previa a la celebración del referéndum que debía validar el texto refrendado por el Congreso y el Senado, el PP se sumó al sí. La proyección de partido autonomista y dispuesto al entendimiento, al tiempo que beligerante con los excesos del proyecto catalán, motivaron el cambio de opinión.
En Aragón, la propuesta de la Cámara autonómica avanzó con la conformidad de PP, PSOE, Partido Aragonés Regionalista e IU, un total de 58 parlamentarios. Los nueve escaños de la Chunta Aragonesista se abstuvieron.
El beneplácito del bipartidismo, junto a los cuatro diputados de Unió Mallorquina, alumbró la iniciativa parlamentaria para la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, otro proceso que culminó de forma exitosa en 2007. Los dos diputados de la marca regional de IU y otros cuatro adscritos a la federación PSM-Entesa Nacionalista se abstuvieron.
En Castilla y León, la remodelación del marco institucional fue apoyada por los dos grandes partidos mayoritarios en sus Cortes regionales, aunque los diputados de Unión del Pueblo Leonés no se sumaron al acuerdo. El texto entró en vigor en 2007.
La iniciativa para modificar el Estatuto, un proceso que finalizó en 2011, también contó con la aquiescencia de PSOE y PP, esto es, todos los diputados de su Cámara.
Un consenso propiciatorio
La cercanía de los dos grandes partidos del país ha facilitado, con la excepción de Andalucía y Cataluña, aunque en el caso catalán quepa reseñar la menor relevancia del PP, las principales reformas realizadas en los textos de diferentes comunidades. Al menos, los cambios de mayor calado.
Asimismo, se observa cómo los votos contrarios los han tendido a protagonizar formaciones minoritarias o de corte regional, coaliciones que no aspiraban a gobernar y que tenían su mayor capacidad en el momento de la investidura o en la aprobación de los presupuestos. Una de las consecuencias de la quiebra parcial del bipartidismo, un proceso que se inició en 2014, fue la aparición de más ejecutivos de coalición, amén del fortalecimiento de los partidos pequeños y la aparición de nuevas marcas.
Además, el contexto político basado en la certidumbre que brindaba la presencia de partidos con una trayectoria de décadas, y un periodo de crecimiento económico anterior que solo quebrantó la gran recesión de 2008, propiciaron la buena ventura de los proyectos aprobados en las comunidades.
Desde la crisis, la mayor modificación estatutaria se ha producido en Canarias. Tal proceso terminó satisfactoriamente en 2018.
El caso de Castilla-La Mancha, por tanto, bebe del consenso como eje fundamental. Además, la formación con menos representación se opone, otro comportamiento habitual en las iniciativas de otras regiones. En paralelo, el momento económico se entiende como propicio y solo la inestabilidad en el Congreso de los Diputados se antoja como una potencial amenaza.