El Gobierno central ha cifrado en 501 el número de plazas que tendría que crear Castilla-La Mancha para cumplir con el reparto entre las comunidades de los 15.000 menores migrantes no acompañados que hay en España. Antes de conocerse esta cifra, el presidente regional, Emiliano García-Page, había pedido incluir este tema en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona para abordar así un debate sobre la financiación de estos nuevos recursos.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha presentado a todos los directores generales autonómicos, en la Comisión Sectorial del ramo, la hoja de ruta planteada por el ministerio que dirige Sira Rego -representante de Sumar- para ejecutar el reparto de estos menores.
Según este documento, la distribución establece la disposición de una media de 23 plazas para niños y jóvenes por cada 100.000 habitantes. En el caso de Castilla-La Mancha, para llegar a este baremo tendría que crear 501 nuevos recursos.
Pérez ha opinado que esta baremación es "perfectametne asumible" por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas trazadas por las comunidades.
Financiación de las plazas
Una opinión que dista mucho de la ofrecida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pocas horas antes de que se dieran a conocer los detalles de la hoja de ruta.
En este sentido, el presidente autonómico ha insistido en la necesidad de que si el ministerio exige la creación de nuevos recursos, este mandato venga acompañado de financiación. Para ello, ha deslizado que este asunto sea incluido en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo 6 de junio en Barcelona.
En una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, ha recordado que "el Gobierno se ha adelantado y ha aprobado" la reforma de la Ley de Extranjería por un pacto con Junts para la distribución de estos menores pero sin contar con las comunidades autónomas.
Por eso, entiende que es necesario discutirlo en el escenario de la Conferencia de Presidentes para aclarar dos puntos: "Quién va a poner orden en la política migratoria y quién corre con los gastos".
El presidente castellano-manchego argumentaba que el Estado quiere "obligar a las comunidades a tener mucha más red de la que necesitan", algo que "tendrán que pagar".
En la misma línea, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha insistido en la necesidad de hablar de financiación en este asunto para que los menores puedan "ser atendidos con dignidad".
Esther Padilla este miércoles en rueda de prensa.
La consejera ha asegurado que "lo que se plantea es que más de 500 menores, más de 600 incluso, puedan traerlos directamente y dejarlos en Castilla-La Mancha para que los atendamos. No cabe en la cabeza de nadie que se pueda hacer de manera abrupta".
Por ello, ha reiterado que el Gobierno autonómico "asume sus competencias y tiene voluntad política de atender a los niños que llegan a Castilla-La Mancha y merecen una atención" pero ha advertido que "si los traen, tienen que dar medios para atenderlos con dignidad".