Este miércoles, durante su intervención en los premios empresariales de la patronal CECAM, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ponía en valor el hecho de que la comunidad autónoma se haya convertido en una especie de "ínsula de Barataria" dentro del crispado panorama político e institucional español. Aquí, aseguraba, sigue dando frutos la práctica del diálogo social y la negociación con el que tiene otra forma distinta de pensar.

Solo un día más tarde, y pocas fechas después de pactar el futuro Estatuto de Autonomía, esas palabras han tenido un reflejo concreto en un nuevo pleno en las Cortes regionales donde el PSOE y el PP han votado conjuntamente. En este caso, el partido del Gobierno y la principal fuerza de la oposición han dejado solo a Vox, que pretendía tumbar el Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la Junta de Comunidades con una enmienda a la totalidad. Aunque la mayoría absoluta de los socialistas en el Parlamento autonómico garantizaba de antemano que el proyecto legislativo seguiría su curso, los populares se han sumado a la tesis de que se trata de una ley "desde luego necesaria".

El vicepresidente primero del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha sido, precisamente, el encargado de defender la norma, subrayando que su objetivo es lograr una Administración regional "más moderna, más dinámica, más digitalizada y más cercana a los ciudadanos".

Entre las medidas destacadas por Guijarro figuran la implantación del silencio administrativo positivo como norma general, la sustitución de licencias por declaraciones responsables, la creación de un espacio digital para acceder a los servicios de la Junta y la regulación del uso de inteligencia artificial en los procedimientos administrativos.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es la figura de las entidades colaboradoras, que Vox ha denunciado como una forma de "privatización encubierta". Un argumento que, curiosamente, también esgrimen sindicatos en las antípodas ideológicas como CCOO, UGT, CSIF o STAS, que consideran que esta norma supone "una de las privatizaciones más gordas" en la historia de la comunidad autónoma y reclaman una mayor contratación de empleados públicos en lugar de recurrir a entidades privadas.

Además, ha sostenido que la ley "no resuelve ningún problema real" y que, lejos de simplificar, "agrava aún más la telaraña burocrática" creada por el régimen autonómico.

Frente a estas críticas, Martínez Guijarro ha asegurado que "en ningún momento" se plantea "privatizar nada", ya que "no hay ninguna contratación de servicios", y que la colaboración con entidades externas será "voluntaria, limitada y sujeta a incompatibilidades estrictas".

Ha recordado que este modelo ya se aplica en otras comunidades autónomas -con el apoyo incluso de Vox- y ha puesto como ejemplo a las entidades que revisan ascensores o ayudan a tramitar la PAC, insistiendo en que las resoluciones seguirán siendo competencia de los empleados públicos.

El Partido Popular, por su parte, ha compartido las líneas generales del proyecto, aunque ha matizado que existen aspectos mejorables. Su portavoz adjunto, Santiago Serrano, ha abogado por "pulir" el texto a través de enmiendas parciales durante el trámite en comisión y ha advertido del riesgo de crear "una administración a dos velocidades" si se permite que las entidades colaboradoras supongan un "repago" para los ciudadanos.

Así, ha avanzado que el grupo popular mantendrá una "posición fundamentalmente constructiva" tratando de que la regulación de las entidades colaboradoras no suponga que el Gobierno regional "tenga la tentación de no atender la demanda de incremento de puestos de trabajo" en determinados servicios de la administración pública. Si bien ha reconocido que, en ocasiones, la modernización de la administración solo puede hacerse de la mano de la empresa privada.

Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy ha calificado la propuesta como "una demanda tanto de los ciudadanos como del tejido empresarial" y ha acusado a Vox de intentar "dilatar la entrada en vigor de una ley que dota de mayor seguridad jurídica a procedimientos ya existentes desde hace décadas".

A su juicio, el rechazo de Vox "no tiene sentido", especialmente cuando ha respaldado textos similares en otros parlamentos autonómicos. Igualmente, ha acusado a los diputados regionales de dicho partido de dedicarse al "bloqueo de todo lo que se hace en las Cortes, excepto de la nómina que cobran a final de mes".

Con el rechazo de la enmienda a la totalidad, el Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa continuará ahora su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas parciales.