El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el impuesto a la banca. El Ejecutivo castellano-manchego basa su demanda en el "reparto desigual" entre las comunidades autónomas que esta imposición recoge en la normativa que la regula.

Una vez que el Tribunal ha dado trámite al recurso, trasladará la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, para que puedan formular sus alegaciones en un plazo máximo de quince días.

Como les ha venido informando EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, el Gobierno de Castilla-La Mancha basa su recurso en tres argumentos principales: que el gravamen fue aprobado "de espaldas" a las comunidades autónomas, que debería haberse tramitado como ley orgánica y que vulnera el principio de solidaridad al basarse en el Producto Interior Bruto (PIB) de los diferentes territorios.

El presidente Emiliano García-Page ha mostrado públicamente en varias ocasiones su oposición a un reparto que bajo su punto de vista es un "ejemplo de cómo hacer España más desigual" con una distribución "injusta y absolutamente 'trumpista'".

En este sentido, el presidente del Ejecutivo autonómico criticaba que la naturaleza de este impuesto sea "regresiva en toda regla" en lugar de buscar la progresividad y la redistribución de la riqueza que se persigue con el resto de impuestos.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, señalaba que con los últimos datos de PIB de Castilla-La Mancha, el modelo propuesto generaría unos ingresos cercanos a los 60 millones de euros, cuando con "otros criterios más lógicos" como el de población ajustada, esta cifra ascendería a 75.