El sindicato CSIF ha vuelto a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha la paralización del anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa amparándose en el "contundente dictamen negativo" que bajo su punto de vista hace el Consejo Consultivo en el informe que acaba de emitir
CSIF señala que en este documento, emitido por el máximo órgano consultivo de la región como paso previo a la remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha de este texto, se recoge que la regulación de las entidades colaboradoras "adolece de una gran indefinición a la hora de fijar las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas y los ámbitos de actuación" y apunta a que la "generalidad de las funciones y su amplitud" podrían usurpar funciones que competen exclusivamente a los empleados públicos y que quedan recogidas en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Incluso, se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo que apunta que los procedimientos administrativos de las Administraciones Públicas "han de tramitarse por funcionarios públicos, lo cual constituye la regla básica en materia de tramitación de procedimientos administrativos".
CSIF añade que en sus conclusiones, el Consejo Consultivo subraya que "las funciones que se le atribuyen de comprobación, informe y certificación -a las entidades colaboradoras-, implican tal grado de indeterminación que no puede excluirse, ni mucho menos, la invasión de la reserva de funciones exclusivas de la función pública" además de arrojar dudas sobre incompatibilidades, responsabilidad de las entidades colaboradoras y reclamaciones antes las mismas, infracciones y sanciones, así como las tarifas.
Amenaza de privatización
Desde que se conociera el contenido de este proyecto de ley, CSIF ha advertido que la figura de las entidades colaboradoras, reflejadas en el título IV del Anteproyecto de Ley, "abre la puerta a que cualquier gestión en el ámbito público sea susceptible de contar con participación privada, lo que en la práctica supone desmantelamiento progresivo de los servicios públicos".
Ahora, una vez conocido el informe del Consejo Consultivo, el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, tilda de "varapalo" para el Gobierno regional este dictamen porque "desmonta totalmente esta ley" y "da la razón a la central sindical", ya que "desde noviembre venimos denunciando que supone un auténtico atentado a los servicios públicos de la región abriendo la puerta a su privatización bajo el pretexto de la eficiencia administrativa".
Sánchez ha insistido en que el Ejecutivo regional "ha hecho oídos sordos a las advertencias de los representantes de los trabajadores" pese a que "le hemos dicho por activa y por pasiva que no podía seguir adelante con esta normativa". De esta manera, confían en que "deseche esta ley porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos".