El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, un paso que permite arrancar la tramitación parlamentaria de la norma pese a las críticas generalizadas que ha recibido por parte de los sindicatos, que advierten del riesgo de privatización que puede suponer la introducción en la misma de la figura de las entidades colaboradoras para realizar trámites administrativos.
Sin embargo, la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, ha querido dejar "muy claro" este miércoles, durante una rueda de prensa, que las entidades colaboradoras, de las que ha dicho que llevan "funcionando en nuestro país durante mucho tiempo", no privatizan la función de la Administración, sino que "hacen funciones y ayudan a hacer las funciones que debería hacer el particular", tales como "comprobación de informes, de certificación".
Los ciudadanos, ha añadido Padilla en la misma línea, podrán "decidir hacer toda la gestión del papeleo y presentar a la Administración todo lo que necesiten" o acudir a dichas entidades colaboradoras, "que en muchas ocasiones son entidades bancarias, para que se les tramiten directamente las ayudas".
Al margen de la polémica, Padilla ha defendido que la futura ley supondrá "una revolución" en la Administración regional, con el objetivo de modernizarla y reducir "al máximo" los trámites burocráticos. "Una administración vanguardista debe estar al servicio de la gente y no ser un obstáculo para ellos", ha asegurado.
La portavoz ha explicado que, de los más de 400 procedimientos administrativos que se han estudiado con el objetivo de simplificar o eliminar burocracia, la ley permitirá actuar sobre más de 150 de ellos reduciendo los tiempos de espera o la documentación a aportar.
Silencio positivo
Entre las novedades destacadas se encuentra la sustitución del silencio administrativo negativo por uno positivo en más de 100 trámites. "Nos obliga a nosotros mismos a ser más ágiles en la respuesta y no hacer esperar al ciudadano o la empresa", ha indicado Padilla.
Asimismo, en unos 40 procedimientos se sustituirá la documentación tradicional por una declaración responsable, que la propia Administración comprobará a posteriori "para comprobar que todo está en orden y que coincide con la declaración que han hecho".
Espacio ciudadano
La ley incluye, además, la creación de un espacio ciudadano, definido por Padilla como "la novedad por excelencia" del texto. Se trata de una plataforma de servicios digitales donde personas físicas, entidades y empresas podrán consultar sus expedientes, recibir notificaciones o realizar gestiones en tiempo real.
Según la portavoz, después de que el Consejo Consultivo haya analizado el texto, se han incorporado sus observaciones "con la idea de mejorar la ley".
Digitalización e inteligencia artificial
La nueva norma también contempla avances en digitalización e inteligencia artificial. "Digitalizar la administración es la verdadera forma de simplificar la administración", ha afirmado Padilla, quien ha recalcado que se trata de una forma de "poner al ciudadano en el centro de nuestras políticas, garantizando que tanto sus derechos como necesidades sean atendidas de la forma más rápida y efectiva posible".
En cuanto a la inteligencia artificial, el Gobierno castellanomanchego pretende regular su uso para la prestación de servicios públicos, con base en el reglamento europeo, "dando seguridad jurídica tanto a los empleados y empleadas públicas como también a los usuarios y las usuarias que se acercan a la Administración para ser beneficiarios de determinados servicios".