El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido este viernes en la necesidad de que el futuro sistema de financiación autonómica recoja indicadores para poder valorar el coste de los servicios públicos en las zonas despobladas y así poder retribuirlo a las comunidades autónomas.

Esta ha sido una de las reflexiones que ha dejado Guijarro durante su intervención en 'Empuéblate. Soluciones contra la despoblación', un foro organizado por Eurocaja Rural y Next Education que ha contado con la moderación del periodista Manuel Campo Vidal. 

Sobre esos indicadores, el vicepresidente ha puntualizado que se pueden incorporar o bien a través de mecanismos como "la población ajustada" o bien, creando "un fondo específico" que se destine a financiar los servicios públicos generando así apoyo en las zonas afectadas por despoblación. Guijarro también se ha referido a una tercera vía, mezclando las dos anteriores, y que es la favorita del Ejecutivo castellano-manchego, ha informado la Junta en nota de prensa.

El vicepresidente primero ha puesto sobre la mesa ejemplo de lo que cuesta mantener los servicios públicos en los municipios con despoblación. Así, ha precisado que en la provincia de Guadalajara, el coste de una tarjeta sanitaria es cinco veces mayor a la de una en la capital. 

Por ello, ha insistido que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá reivindicando este planteamiento en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, fechado para el 26 de febrero, y al que están llamados representantes de todas las comunidades autónomas.

Cuatro años de la Ley de Despoblación

Además, el vicepresidente primero ha recordado que el próximo mes de mayo se cumple cuatro años desde la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.

Un año, este 2025, en el que además se va a llevar a cabo la primera evaluación intermedia de la Estrategia frente a la Despoblación -la principal herramienta de aplicación de la Ley, que permitirá conocer los primeros resultados.

"Con los últimos datos que tenemos, tal y como ha dicho, podemos empezar a ver los primeros indicadores que se ponen de manifiesto los resultados positivos". En concreto, desde la entrada en vigor de la Ley, la región ha registrado 15.000 personas de saldo migratorio positivo en zonas despobladas.

Lo que se desprende de estas cifras, ha asegurado, es que ese saldo migratorio es positivo en casi la totalidad de las áreas zonificadas en la ley, "lo que supone un paso imprescindible para doblar la curva de la despoblación".

Unos primeros resultados que están vinculados a la garantía de acceso a los servicios públicos en el medio rural o la fiscalidad diferenciada para aquellos que residen en estos municipios. Ahondando en las cifras, ha afirmado que han sido más de 89.000 declaraciones las que se han aprovechado de las desgravaciones fiscales en la última campaña de la renta, una cifra que ha ido creciendo a lo largo de los años.

Otro de los pilares de la Ley de medidas contra la despoblación son las medidas de incentivación positiva y de apoyo con las que se pretende revertir el proceso de pérdida demográfica. En este caso, ha afirmado que "si hablamos del apoyo al emprendimiento, el 25 por ciento de las ayudas de inicio de actividad que se han dado a lo largo de estos años en la región se han quedado en las zonas despobladasE.

Por último, ha trasladado la necesidad de que el Gobierno central cree el estatuto del pequeño municipio que adapte la legislación a las entidades locales, así como que se incluya la realidad de los pueblos en el nuevo Plan de Vivienda.