La Asociación de Residencias de la Tercera Edad en Castilla-La Mancha (Artecam) ha alertado de que la puesta en marcha del nuevo borrador del Acuedo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) podría suponer un incremento de los costes para los usuarios de en torno al 50 por ciento y la pérdida de la mitad de las 5.000 plazas concertadas que hay en la región.

Así se ha pronunciado el presidente de Artecam, Francisco Núñez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antonio Felizola, por lo que ha reiterado su posición en contra de este borrador y ha pedido que se consensúe un nuevo modelo en el que haya una financiación adecuada.

Núñez ha explicado que esta subida se debería a que, a causa del nuevo modelo, a las residencias les subirían "los costes de todo tipo" pero, sobre todo, tendría explicación en la eliminación de plazas para cumplir con las ratios que marca el borrador.

"Este documento habla de todo pero solamente dedica cuatro o cinco líneas al final sobre la financiación y no queda nada claro, incluso casi se la atribuye a las comunidades autónomas, y eso no puede ser", ha manifestado, considerando que la Ley de Dependencia "fue buena ley pero siempre adoleció del tema económico" y recordando que el Gobierno central adeuda "unos 600 millones" a la Comunidad Autónoma en materia de dependencia.

"El Estado tiene que poner mil millones de euros todos los años para que el nuevo modelo que quieren implantar funcione y para que se pague la deuda de la dependencia", ha manifestado.

Argumentos en contra

El presidente de Artecam ha reiterado que desde su asociación están "totalmente en contra" de este borrador por varias razones, entre las que se encuentran la limitación de plazas en residencias a 120 en zonas urbanas y 60 en zonas rurales, así como las ratios de personal o que el 65 por ciento de las habitaciones deberían ser individuales.

En este punto, ha mostrado especial preocupación por las plazas en zonas rurales, considerando que "si limitamos las residencias a 60 plazas se perderían un montón de puestos de trabajo", detallando que el 90 por ciento de sus empleados son mujeres.

Por último, Francisco Núñez ha defendido que el modelo de residencias actual "no falla", considerando que "se ha atendido y seguimos atendiendo muy bien a nuestros mayores" y opinando que los problemas con el COVID-19 se debieron a que ninguna residencia, ni pública ni privada, estaba preparada para una pandemia de tal magnitud.

Castilla-La Mancha pide dinero

En línea con lo defendido por el Gobierno de Castilla-La Mancha en los últimos días, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido este viernes desde Cuenca al Estado que "asuma el alto coste" que supondría cambiar el modelo de residencias en base a la propuesta del ministerio de Derechos Sociales, porque la autonomía "no está dispuesta a asumir el incremento de la deuda que se generaría, e incluso se dispararía".

En la rueda de prensa, el número 'dos' del Ejecutivo autonómico ha asegurado que toda propuesta que vaya a mejorar la capacidad asistencial de las personas que están en situación de dependencia "es bueno a priori", pero ha pedido "tener mucho cuidado" en cómo se plantean las cosas.

"Castilla-La Mancha es de las regiones con mayor número de plazas en residencias, y un cambio radical en el modelo puede generar dificultades en la gestión que se está llevando ahora a cabo", ha expresado.

Así, ha incidido en que en la actualidad "hay una magnífica colaboración público-privada" en la atención a la dependencia, "un modelo que ha funcionado, funciona y tiene que seguir de cara a futuro".