El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha avalado la decisión tomada por el Gobierno autonómico el pasado miércoles: los trabajadores de las residencias de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad estarán obligados a someterse a test de diagnóstico para la detección del coronavirus, con el objetivo de evitar contagios entre los usuarios de estos recursos, considerados especialmente vulnerables a la COVID-19.
La resolución publicada por la Consejería de Sanidad en el Documento Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que ahora ha sido ratificada judicialmente, recoge que "a las personas trabajadoras vacunadas se les realizará al menos una vez por semana una prueba de infección activa" y que "a las personas trabajadoras que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación se les realizará control de temperatura diaria y pruebas diagnósticas de infección activa dos veces por semana, como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención".
Dichas pruebas, que "podrán ser tanto test rápidos de antígenos como PCR", serán proporcionadas por el Gobierno castellano-manchego y realizadas "por el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente o en el mismo centro residencial".
De igual manera, también deberán someterse a pruebas de diagnóstico de infección activa las personas que ingresen o reingresen al centro.
Limitación de visitas
La misma resolución también incluye la limitación de las visitas de familiares o allegados a los usuarios de las residencias de la tercera edad o de los centros de personas con discapacidad. Solo podrán recibir una a la semana, de una única persona, y siempre con cita previa. La duración máxima de la misma no podrá exceder de las dos horas de duración.
La Consejería de Sanidad establece también el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, salvo para aquellas personas que por sus patologías no puedan cumplir este requisito. Además, "la detección de un solo caso positivo (persona residente o trabajadora) se considerará un brote a efectos de intervención".
El Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante una nota de prensa, ha asegurado que el TSJCM confirma con su aval que "se trata de medidas que están justificadas y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables y que pueden considerarse necesarias e idóneas para hacer frente a esa situación de tasas ascendentes de contagios, valorando igualmente la escasa incidencia que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados".
Las medidas preventivas estarán vigentes hasta el próximo 17 de enero de 2022.
Más de 200 contagidos
Según los datos relativos a la evolución de la pandemia de coronavirus ofrecidos este jueves por la Consejería de Sanidad, un total de 211 residentes de 55 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha están contagiados actualmente.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, aseguró el pasado martes que la explosión de contagios que está provocando la variante ómicron ha hecho subir la incidencia en las residencias pero que "la mayoría de los casos son asintomáticos o muy leves", por lo que calificó la situación de "bastante controlada". Pese a ello, justificó la necesidad de poner en marcha medidas preventivas.
De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó de que actualmente la edad media de los fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha es de 83,7 años.