Se trata de la aportación a las entidades locales aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad, destinada al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), por importe de 40.000.000 euros para el conjunto del país.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el reparto por municipios de esos más de tres millones y medio de euros para la Comunidad Autónoma y que se destinarán a financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que permitirán a las entidades locales financiar actuaciones de gasto corriente encaminadas a la lucha contra la violencia de género, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.
El delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, ha valorado esta distribución, cuya resolución acaba de ser publicada oficialmente, destacando que beneficia "a todos los municipios de Castilla-La Mancha". Esta aportación, que posibilita el desarrollo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, "permitirá a las entidades locales impulsar políticas y acciones para frenar y reducir esta lacra", ha subrayado Tierraseca.
Por provincias
Por provincias, de forma global, Albacete distribuirá entre sus municipios una aportación de 445.519,27 euros, Ciudad Real dispondrá de 679.570,01 euros, Cuenca repartirá entre sus entidades locales 595.239,24 euros, Guadalajara tendrá a su disposición 568.283,87 euros y la provincia de Toledo contará con 1.451.898,12 euros.
La resolución establece, asimismo, que los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el período de ejecución comprendido entre 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, éstas deberán aportar acuerdo o instrumento jurídico que las habilite a ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género.
Además, a la hora de repartir la totalidad de los fondos, se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones como el número de municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), y en los que están empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro).
También se valoran cuestiones como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad, así como la dispersión poblacional y la población rural.