El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ha especulado este miércoles con una posible modificación de la Ley del Gobierno regional para eliminar los privilegios a los que María Dolores de Cospedal tiene derecho como expresidenta de la Junta, aunque la también ex secretaria general del PP nunca ha disfrutado de ellos y ha dejado claro en numerosas ocasiones que no tiene intención de hacerlo en un futuro.
La portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, ha sido preguntada durante una rueda de prensa después de que Cospedal haya declarado este martes como investigada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso Kitchen, y ha asegurado que en este momento no está encima de la mesa la posibilidad de cambiar la Ley del Gobierno, si bien ha añadido que "si hubiera una condena" se podría "valorar".
En todo caso, ha defendido, sería "razonable" que la propia Cospedal renunciase a sus privilegios como expresidenta en caso de ser condenada.
Usados solo por Bono
La Ley del Gobierno castellano-manchega, aprobada en 2003 durante el mandato del socialista José Bono, recoge que los expresidentes de la Junta tienen derecho durante el mismo tiempo que haya durado su mandato a una secretaría de apoyo (dotada con dos empleados), un local de oficina con los medios adecuados, un conductor, un automóvil de representación y un servicio de seguridad y protección personal.
El propio Bono ha sido el único expresidente castellano-manchego que ha hecho uso de dichos medios públicos, algo que no consideraron necesario ni José María Barreda ni Cospedal.
El PSOE votó en contra
Además, el PSOE fue el único partido que pocos meses después de recuperar el poder en Castilla-La Mancha tras el mandato de Cospedal, en octubre de 2015, votó en contra de la propuesta elevada por el PP y Podemos a las Cortes regionales para eliminar los privilegios a los expresidentes de la Junta. Los socialistas aseguraron entonces que querían abordar el debate a nivel nacional para "homogeneizar" esta cuestión.
En esa misma sesión plenaria, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió a los expresidentes regionales José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal que formalizaran su petición de renunciar a los privilegios para poder tramitar la retirada de esas condiciones "sin género de dudas".
Cospedal y la carta
Casi un mes después, la Junta confirmó que había recibido las cartas de renuncia de los ex presidentes socialistas Bono y Barreda. Cospedal optó por no formalizar esta misiva, explicando en otra carta remitida el 20 de noviembre de 2015 al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que no lo veía necesario ya que ya había renunciado explícitamente a los mismos hace más de cinco años, "nunca" los había pedido y había pedido su eliminación.
Sin embargo, el actual consejero de Fomento y entonces portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, explicó en una comparecencia pública que de la carta remitida por Cospedal no se podía deducir de manera inequívoca, explícita y clara su renuncia a los privilegios, por lo que el gabinete jurídico de la Junta un informe a finales de noviembre considerando que la expresidenta no renunciaba a los derechos que tiene reconocidos por ley.