Corren malos tiempos para los bancarios, que no para los banqueros que siguen cobrando elevados estipendios, suculentos bonus, y no menores dividendos sus accionistas. La crisis de 2008 y el pinchazo de la burbuja del crédito en España a empresas y familias dieron al traste con el confort que hasta ese momento disfrutaban en este país bancos y cajas de ahorro. Estas últimas en armoniosa, interesada, y rentable conjunción con los respectivos gobiernos autonómicos como brazo financiero para el desarrollo de proyectos faraónicos e inútiles. Una cohabitación que comenzó a hacer aguas un año más tarde con la intervención de CCM, la primera de una escalada de fusiones y absorciones ante los preocupantes balances que presentaban estas entidades.

Doce años más tarde, el panorama dentro del sector bancario en España es bien distinto, incluso desolador, tanto por la disminución del número de entidades, trabajadores, sucursales clausuradas, y clientes en riesgo de exclusión al no disponer de lugar alguno donde efectuar sus operaciones bancarias. Una drástica transformación del sector que no ha concluido, y que ha supuesto el cierre de la mitad de la red de oficinas hasta las 23.700 que aún permanecían abiertas al término del pasado año.

Simultáneamente, el sector ha pasado de tener 270.855 empleados en 2008 a algo más de 175.000 en 2019, según el Banco de España, con previsiones de otros 15.000 empleados menos en 2021. Pero la purga no ha finalizado si tenemos en cuenta los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en trámite o anunciados por Santander, Sabadell, Unicaja, Liberbank, Ibercaja y los más recientes, CaixaBank, con una propuesta de más de 8.000 despidos en unas condiciones laborales que rompen los moldes existentes hasta ahora en el sector, y BBVA que pretende desprenderse de 3.800 trabajadores y cerrar 530 oficinas.

Un severo procedimiento de reducción de oficinas y plantilla que la patronal bancaria considera todavía insuficientes, con margen para nuevos ajustes, al ser nuestro país uno de los que cuentan con más sucursales por habitante en la UE. A este exceso de red se une el cambio tecnológico experimentado, el menor uso del efectivo, y un mayor empleo de los canales tecnológicos que obligan a los bancos españoles a un proceso de racionalización y recorte de sus estructuras, aún sin concluir, en pos de una mayor eficiencia y por la presión del mercado. Un desarrollo con un elevado coste social que no puede eximir a las entidades promotores de una responsabilidad necesaria para buscar todas las alternativas posibles que minimicen el impacto negativo que llevan todas estas fusiones tan dolorosas para sus trabajadores.

Un proceso que viene a coincidir en el tiempo con la presentación de resultados de los bancos, y la retribución millonaria y suculentos bonus que perciben no pocos de sus directivos. Unos sueldos inaceptables para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, que no se corresponden con la situación económica del país, y mucho menos aún en las entidades que simultáneamente anuncian recortes de personal y cierre de oficinas.