Se inicia este martes la primera reunión entre la dirección del nuevo banco Caixabank y los representantes sindicales de los trabajadores. Comienza así el procedimiento de despido colectivo y de modificación de condiciones tras haber hecho efectiva la fusión con Bankia. Una convocatoria que se prolongará en el tiempo, previa a unas negociaciones formales que están previstas concluyan antes de finalizar el próximo mes de junio, con el horizonte de 2022 como fecha para su desarrollo definitivo. Un proceso que la entidad bancaria ya ha manifestado no será traumático, sino bajo criterios de voluntariedad y meritocracia, independientemente de la entidad de procedencia, Caixabank o Bankia.

Sin embargo, son muchos los interrogantes que se abren en el inicio de estas negociaciones, con el despido de trabajadores y el cierre de oficinas por solapamiento en las redes de ambos bancos como principales protagonistas. Los analistas del banco británico Barclays estiman por este proceso un recorte de un 23 por ciento de las oficinas de ambas entidades, aproximadamente 1.400 sucursales y, consecuentemente, también de unos 7.000/8.000 empleados de una plantilla que al cierre del ejercicio 2020 ascendía a un total de51.384 trabajadores, dos tercios procedentes de CaixaBank y de Bankia el tercio restante. Un impacto que no será igual entre los diferentes territorios, con Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas más afectadas. La región es la cuarta con mayor superposición territorial, con unas duplicidades del 59% en el caso de Caixabank y del 40% de Bankia, y una cuota conjunta de más de 250 oficinas, con Guadalajara liderando el parque de sucursales bancarias de la provincia alcarreña.

Se inicia un proceso de negociaciones que José Ignacio Goirigolzarri, ya ha avanzado “no será sencillo” y nada fácil su adaptación. En efecto, pero ante el recién elegido presidente de la entidad se sienta una mayoría de sindicatos del banco que coinciden en tres reivindicaciones esenciales para sus representados: despidos voluntarios y pactados, sin presiones; equiparación de las condiciones laborales, incluidas las aportaciones a fondos de pensiones, desde la perspectiva de que en Bankia los salarios son más bajos y, por último, elección de los responsables de los cargos por valía y no por la entidad de procedencia.

En cualquier caso será un procedimiento doloroso, nada fácil. Un ajuste obligatorio que a su conclusión habrá incrementado la notable reducción de personal y cierre de oficinas bancarias llevadas a cabo en España a partir de la crisis de 2008. Una tormenta perfecta creada entre la digitalización del sector y la quiebra de las cajas de ahorro que hasta ahora se ha llevado por delante a cerca de 100.000 trabajadores y al 50% de sus oficinas.