Hay un consenso bastante extendido en Castilla-La Mancha: Emiliano García-Page se pasa el día criticando a Pedro Sánchez porque sabe que esa es una de sus mejores opciones para ganar las próximas elecciones autonómicas. No seré yo quien rebata un argumento tan sólido. Sí quisiera añadir otro, al que se presta menos atención. Mientras el presidente regional ocupa los medios hablando de las corruptelas socialistas o de Ceuta, se ahorra dar explicaciones sobre los problemas de la región que gobierna.
Se entiende que a un periodista de un periódico nacional le interese conseguir de Page un adjetivo nuevo que lanzar contra el presidente del Gobierno. Es, por supuesto, lo que busca también el jefe del Ejecutivo autonómico. Ambas partes salen ganando. ¿Nadie pierde? Sí: los 2,17 millones de habitantes de Castilla-La Mancha, que rara vez tienen ocasión de escuchar a su presidente explicar qué piensa hacer con los problemas que encuentran al salir de casa.
En apenas unos días hemos conocido tres datos que merecían bastante más atención. Es en asuntos como estos, próximos y concretos, donde un Gobierno se juega buena parte de su credibilidad. Y de los votos.
El 17 de septiembre, la estadística del Ministerio de Vivienda situó el valor medio tasado de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.215 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026. Un 14,7 % más que un año antes, frente al 12,5 % de subida en el conjunto de España. La cifra regional sigue siendo inferior a la media nacional. Pero el ritmo de crecimiento de los precios se ha disparado.
Ese mismo día se publicó el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Entre enero y junio se registraron en Castilla-La Mancha 45.010 infracciones penales, casi tres mil más que en el mismo semestre de 2025: un aumento del 7 %. Pero este dato se entiende mejor cuando se compara con el conjunto de España: allí, el número de infracciones penales registradas creció apenas un 0,5 %.
El lunes 21 se presentó la memoria judicial correspondiente a 2025. La región cerró aquel año con 220.858 asuntos pendientes de tramitar, un 4,6 % más que al cierre anterior. En la jurisdicción penal quedaron pendientes 66.149, un 8,6 % más. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia advirtió de que los órganos judiciales no cuentan con capacidad suficiente para reducir la acumulación de asuntos.
Vivienda, seguridad y justicia no dependen exclusivamente de la Junta. Es obvio que problemas de tanta envergadura implican a distintas administraciones y que las responsabilidades son, por tanto, compartidas. Sin embargo, esos datos sí dejan una pregunta: ¿por qué ocupan tan poco espacio en la conversación política regional? A Page no parece quitarle el sueño nada tanto como ejercer de principal antagonista mediático del presidente del Gobierno y sus ministros.
Page ha encontrado una forma eficaz de intervenir en la política nacional. Cada crítica a Sánchez le garantiza un titular y refuerza una identidad política que conoce bien. Sin embargo, son esos problemas del día a día de los ciudadanos los que deberían ocuparle a tiempo completo. Castilla-La Mancha es hoy una región más insegura, donde los precios de la vivienda se han disparado y donde se acumulan los procedimientos judiciales. El sistema de financiación autonómica debe tener en cuenta las necesidades de nuestra comunidad; esos problemas requieren recursos, pero también explicaciones. Y a día de hoy no hay ni una cosa ni la otra. Nos gustaría escuchar al presidente de Castilla-La Mancha hablar de esos desafíos con la misma frecuencia y precisión con que habla de Pedro Sánchez.