La suspensión de los desahucios en España nació como una respuesta urgente a la crisis social provocada por la pandemia de la COVID-19, no como una política estructural para solucionar las dificultades ya conocidas en el acceso a la vivienda. En marzo de 2020, en pleno confinamiento, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que introdujo la suspensión de los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. El objetivo era claro: evitar que una emergencia sanitaria derivara en una emergencia habitacional de grandes dimensiones.

Cinco años después, esa suspensión ha seguido vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, este martes fue un día clave, puesto que el Congreso rechazó la aprobación del decreto ómnibus que, entre otros asuntos, incluía la prórroga de la suspensión de los desahucios. Esta fecha abre el debate sobre las consecuencias que puede tener el levantamiento de esta medida para miles de familias que siguen sin haber superado su situación de vulnerabilidad y han podido permanecer en la vivienda gracias a esta suspensión.

Según la web del Consejo General del Poder Judicial, "en 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos, de los cuales 20.558 fueron derivados por contratos de alquiler (74,6 %) y 5.073 (18,4 %) de ejecuciones hipotecarias. El resto obedecieron a otras causas". Estas cifras se produjeron a pesar de la existencia de mecanismos de suspensión, lo que indica que, sin ellos, el impacto podría multiplicarse. A ello se suma el contexto actual: precios del alquiler en máximos históricos, escasez de vivienda asequible y un parque público que apenas alcanza el 2,5 % del total de viviendas, muy lejos de la media europea.

Muchas de las familias que estaban protegidas no han visto mejorar sustancialmente sus ingresos. Para estos hogares, el levantamiento automático de la medida podrá traducirse en desahucios reales y un aumento de situaciones de "sinhogarismo" y hacinamiento de más familias enteras en habitaciones y alojamientos precarios.

El desbloqueo simultáneo de miles de procedimientos puede generar: sobrecarga en los juzgados y en los servicios sociales, así como un nuevo conflicto social por ausencia real de vivienda tanto pública, asequible y privada. En definitiva, una tormenta perfecta.

Llegados a esta situación, debemos hacernos una pregunta: si la medida inicial del Gobierno central de suspender los desahucios en 2020 con motivo del Covid era solo una medida temporal para unas circunstancias sanitarias y sociales concretas, ¿por qué la ha prorrogado cinco años? ¿Por qué, viendo la longevidad de la prórroga, no ha construido vivienda para paliar los efectos y alojar a los futuribles desahuciados?

Para prorrogar el escudo social se necesita una mayoría parlamentaria que se venía consiguiendo con el apoyo del Junts, si bien, tras las declaraciones realizadas por el partido independentista el pasado 25 de noviembre en el Congreso, la advertencia se ha hecho realidad: "Hasta que no amplíen el parque público y ejecuten todo lo que han anunciado, no nos van a encontrar avalando ni una sola medida más de las que presentan".

Por desgracia, como hemos visto durante estos últimos cinco años, la función social de la vivienda no la ha ejercido el Gobierno, sino que la han ejercido los pequeños propietarios así como los fondos y bancos propietarios de viviendas como resultado de la crisis inmobiliaria de 2008.

La experiencia acumulada desde 2020 demuestra que evitar desahucios no resuelve por sí solo el problema del acceso a la vivienda, pero suprimir las protecciones existentes sin reforzar las soluciones habitacionales puede generar una crisis de gran magnitud. O, dicho de otra manera: la crisis social de los desahucios estallará sin remedio.

El fin de la suspensión de los desahucios es una situación con efectos directos sobre miles de vidas. Afrontarla sin alternativas será asumir un coste social que, una vez materializado, será difícil de revertir. Por desgracia, no será raro descubrir que esa familia conocida en la que uno de los padres tenía trabajo y el otro no se encontraba en situación de vulnerabilidad y ahora a las puertas del abismo.