Hace ya nueve años que la justicia española, en concreto el Tribunal Supremo retiró de la carrera judicial a Baltasar Garzón, por unos delitos que según el juez (Baltasar Garzón) se declaraba inocente. No obstante, la sentencia le condenó a once años de inhabilitación.

No voy a entrar aquí en temas jurídicos, pues soy lego en la materia, y por tanto, sería un atrevimiento por mi parte hablar de aquello que se me escapa y que queda muy lejos de mis conocimientos. Pero lo sí creo y es por donde voy a ir es que aquella sentencia revolucionó mucho, tanto los ambientes jurídicos como aquellos del ciudadano corriente, que veíamos algo extraño, que no entendíamos, que se escapaba a nuestro conocimiento, pero que teníamos la sensación de que algo no iba bien, o al menos, no convencía.

Entre otras cuestiones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes) dice que Garzón no tuvo “acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra”. Ahí queda eso, pues da que pensar de la justicia española que se dice es muy garantista, que un juez no haya tenido la garantía de un tribunal independiente. Esto no deja de ser un varapalo a la justicia española y a la vez nos deja un poco leJos a quienes no estamos en esos ámbitos y nos preguntamos, ¿Por qué cada vez se cree menos en la justicia? No es de extrañar que los curritos de a pie nos hagamos estas preguntas, pues los hechos así lo demuestran y en este caso con gran clarividencia.

La sanción a Garzón fue objeto de muchas charlas, pero no solo a nivel judicial, el tema se trató en todos los ambientes de la sociedad española. Era muy común hablar de ello y en esos ambientes hubo mucha discusión sobre el método empleado para sacarlo de la carrera judicial, sobre todo, teniendo en cuenta que descubrió el caso Gürtel y fue desde entonces cuando su carrera fue en picado. Así se vio en los ámbitos no judiciales. Garzón era molesto y no podía continuar en su puesto, pensado, dicho y hecho y este señor fue fulminado en un tiempo record. Así no. Así la justicia española pierde credibilidad entre los ciudadanos y después vienen otras instancias internacionales que la dejan en cuadro.

Ciertamente el Comité de Derechos Humanos de la ONU no es una instancia judicial, pero no es menos cierto que se tienen que tener en cuenta sus resoluciones y que el convenio de los países que en ella están deberán hacer lo posible para acatar lo que en él se acuerde, y esta resolución es clara, contundente y debería dar paso a una restitución en sus derechos de Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón, en una entrevista en un medio español, dice que va a pedir su reingreso en la carrera judicial. Es lo más normal y lo que a mi juicio debería hacer. Además, aunque el daño ya está hecho, el estado español le tendría que compensar por ese daño que se le ha hecho, al menos una compensación económica porque la compensación moral ya no es posible, y el gobierno, o la institución que proceda, facilitar lo antes posible ese reingreso. Sería una forma de recuperar aquella credibilidad perdida en la justicia.

Con la destitución de Garzón corrieron muchos ríos de tinta durante bastante tiempo. Cada cual escribió lo que creía que era la verdad del caso o aquello que convenía a ciertos intereses. Hubo una convulsión importante en el país, en los medios, en los partidos políticos y en la ciudadanía en general, y a nadie dejó indiferente este caso. Por eso ahora sería bueno que también quienes opinaron, opinen nuevamente sobre una resolución tan clara como la del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se vuelvan a mojar y lo hagan con la misma contundencia que entonces lo hicieron, pero ya con una resolución, sin ambages y sin ningún tipo de intereses.

Sería de justicia que Garzón volviera a la carrera judicial desempeñando aquellas funciones que le correspondan y así muchos ciudadanos que no entendimos la razón de su condena tengamos más credibilidad en esa justicia imparcial e igual para todos. Y a la vez, ahora cuando comience el año judicial y el Sr. Lesmes pronuncie el discurso de apertura, transmitir a los ciudadanos que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es de urgente necesidad y una forma sería el que aquellos componentes que ya han caducado su mandato dimitan y así no habría más remedio  que renovarle. Las instituciones son la base de la democracia y cuando eéstas pierden credibilidad ante los ciudadanos, la democracia se resiente.