El presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, hizo ayer desde Cuenca uno de los anuncios económicos más importantes de estos últimos tiempos al adelantar que en el Consejo de gobierno de este martes se van a aprobar dos partidas millonarias: una para ayudas a empresas, autónomos y pymes y otra para acometer diversas mejoras en la Red Regional de carreteras. Serán en total unos 300 millones de euros, 270 de los cuales se destinan a impulsar el tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

Es parte del dinero del Real Decreto Ley de medidas extraordinarias aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez para apoyar la solvencia empresarial frente a la pandemia del coronavirus, por el cual se repartirán 7.000 millones de euros de ayudas directas a las comunidades autónomas.

En este reparto Castilla-La Mancha será una de las regiones más beneficiadas por algo que ha indignado a las comunidades gobernadas por el PP, que lamentan que el ejecutivo central haya actuado con criterios políticos al repartir mayor cantidad a las regiones gobernadas por el PSOE. Las comunidades corren el riesgo de terminar en el Tribunal de Cuentas por las ayudas directas a las empresas en el caso de que se produzcan irregularidades como ocurrió en su momento en otros países, pero la necesidad de fondos es tan apremiante que eso es ahora mismo algo secundario.

Lo que de verdad ha enfadado a las comunidades del PP en relación con los 7.000 millones es el reparto que se ha hecho de los fondos. Tal como apunta Carlos Segovia en El Mundo, por un lado, se reservan 2.000 millones a Baleares y Canarias, gobernadas ambas por el PSOE, "por el impacto diferencial sobre su economía del mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia". Eso es cierto, pero dirigentes como el presidente de la Diputación de Málaga, el popular Francisco Salado, replicó que no es menor el daño en la Costa del Sol.

Además, el artículo 2.2 del Real Decreto zanja que el reparto de los otros 5.000 millones de ayudas directas "se distribuirán de manera proporcional a la asignación del REACT EU". Los consejeros de Hacienda de las CCAA gobernadas por el PP denunciaron en enero este reparto a la presidenta de la Comisión Europea,Ursula Von der Leyen, por considerarlo "sectario".

Con ese criterio, añade Segovia, y "utilizando la referencia habitual de medir la ayuda por habitante, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Navarra serán las más beneficiadas en el nuevo plan de ayudas después de Baleares y Canarias". El malestar en Castilla y León es más que evidente por lo que han solicitado unareunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, petición a la que se ha sumado el consejero murciano de Presidencia y puede que hagan lo mismo Galicia y Madrid.

Este enfado contrasta con la euforia de Emiliano García-Page, que va a disponer de unos importantes fondos para hacer frente a la pandemia con ayudas directas a las empresas, autónomos y pymes. Un maná caído de Europa que ayudará a Castilla-La Mancha a afrontar la delicada situación económica en que se encuentra por los terribles efectos de la crisis sanitaria sobre el tejido empresarial y el empleo.