La generalidad de los ciudadanos tiene la falsa idea de que el dinero que se gastan los gobiernos en publicidad es básicamente con intenciones propagandísticas y compra de voluntades de las empresas periodísticas para controlar o imponer sus criterios particulares sobre la línea editorial de las mismas. Los gobernantes parecen indecisos a la hora de informar sobre los gastos en medios y publicidad, a sabiendas de que tales gastos resultan habitualmente sospechosos para la ciudadanía. Por otra parte, los propios partidos políticos mantienen posturas contrapuestas sobre estos asuntos al defender o atacar la inversión publicitaria dependiendo de si están o no en el Gobierno.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo el miércoles un anuncio inusual en el Debate del Estado de la Región al decir que su Gobierno aumentará en cuatro millones de euros la partida presupuestaria para publicidad en los presupuestos generales de la región para el próximo año. Si eso es así, el incremento será importante respecto a las actuales inversiones por este concepto. Castilla-La Mancha es desde hace años, sobre todo a raíz del gobierno del PP de Cospedal, la región que menos destina a promoción institucional, y probablemente lo seguirá siendo incluso con el aumento anunciado por García-Page para 2021.
Decimos que fue un anuncio inusual porque ningún presidente de Castilla-La Mancha había hablado antes en una sesión de las Cortes sobre gastos en medios de comunicación. Y mucho menos para anunciar una subida. Page en ese sentido no solo ha demostrado valentía y transparencia sino que ha sido consecuente con la idea que siempre ha defendido en torno al trabajo de los medios de comunicación como una labor de interés social en el marco de uno de los derechos principales de nuestra Constitución, el de la información.
Page no solo defiende esos principios y derechos sino también la necesidad de ayudar a un sector económico muy castigado por las sucesivas crisis de los últimos años, con decenas de puestos de trabajo en el aire en toda la región y con enormes dificultades para subsistir porque la inversión privada en publicidad ha caído en picado en la misma medida que se han reducido los ingresos y la actividad productiva de la generalidad de las empresas.
Esto no quiere decir que las distintas instituciones públicas deban hacerse cargo del mantenimiento de los medios, en absoluto. Y menos aún que gracias a esas ayudas ejerzan un mayor control sobre ellos. Quiere decir únicamente que la inversión publicitaria de la Junta, a años luz de lo que gastan otras comunidades, sobre todo las que tienen un mayor arraigo nacionalista, debe ser el complemento necesario para sostener a un sector en crisis en un momento delicado y complejo en el que hacen más falta que nunca unos medios de comunicación sólidos y unos profesionales que ejerzan su trabajo en libertad y sin miedo a su futuro laboral. Está en juego la libertad de información y de expresión.
Los ciudadanos deben concienciarse de que la subsistencia de los medios requiere el apoyo institucional para mantenerlos y que eso no significa necesariamente que el dinero que se gastan los gobiernos en publicidad lo paguen los medios con propaganda.
Desde aquí, como no podía ser de otra manera, aplaudimos la decisión de Page, pero no tanto por incrementar la inversión en medios de comunicación como por tener el valor de anunciarlo públicamente y no avergonzarse de ello.