La finca Quintos de Mora, de propiedad estatal y radicada en el municipio toledano de Los Yébenes, ha sido refugio y lugar de encuentro para prácticamente todos los presidentes del Gobierno de España en la democracia. Desde que Felipe González se fijara en este enclave situado en los Montes de Toledo -allí cultivaba su afición por los bonsáis- ha sido escenario habitual de reuniones más o menos discretos de los inquilino de La Moncloa. Su predecesorJosé María Aznar acostumbraba a pasar algunas temporadas de descanso allí e incluso agasajó al presidente de Estados Unidos George W. Bush durante su una visita a España en 2001 (de ahí quedó la célebre frase del 'rancho de Aznar' pronunciada por la entonces consejera de Seguridad Nacional Condoleeza Rice). Similar uso le dio Rodríguez Zapatero, combinando estancias de índole personal con recepciones como la que brindó al que por aquella época era presidente de Brasil 'Lula' da Silva.

Los focos mediáticos se desviaron de la finca toledana durante el mandato de Rajoy, quien redujo sus visitas a periodos de descanso bastante discretos. Sin embargo, el nombre de Quintos de Mora volvió con fuerza a la actualidad cuando Pedro Sánchez lo eligió como lugar para celebrar encuentros informales con su amplio Consejo de Ministros.

El último se celebró en el mes de febrero y ahora gracias a una solicitud realizada por ABC al Portal de Transparencia sabemos lo que costó: 2.115 euros. En su información, el periódico de Vocento subraya que el Gobierno excluye, como es lógico, al personal de seguridad y matiza que los gastos especificados responden al coste de manutención y locomoción de los 22 miembros del Gobierno. No obstante, como se pudo comprobar en los vídeos de aquel encuentro, no sólo acudieron ministros, sino también personal de sus respectivos equipos. Este sería el caso de Iván Redondo, director del gabinete del presidente, o del recientemente imputado Juanma Del Olmo, mano derecha del vicepresidente segundo Pablo Iglesias en Podemos. Los costes que acarreó este personal, pese a que ABC los solicitó expresamente, no se incluyen en la respuesta de Presidencia, que tampoco expone ninguna razón para no facilitarlo.

Además, se quejan que Presidencia haya tardado siete meses en contestar esta solicitud cuando con la ley en la mano disponía de un mes para dar la respuesta.