Les contamos el caso de Teresa, una clienta castellano-manchega que en octubre de 2015 compró en la cadena multinacional de electrodomésticos Worten un frigorífico que se encontraba de oferta por 499 euros. Apenas un mes después de su adquisición, la usuaria comprobó que el aparato no funcionaba correctamente ya que no se podían pulsar dos botones relacionados con la regulación de la temperatura, por lo que procedió a poner la incidencia en conocimiento del fabricante.

Según un comunicado emitido por la asociación de consumidores FACUA, la empresa se negó a atender al problema y achacó el problema a que la instalación solar de la vivienda de Teresa había provocado el fallo en el producto. En junio de 2016, tras más de dos años de comunicaciones infructuosas con el fabricante, la usuaria se puso en contacto con Worten para solicitar la reparación del frigorífico, que también se negó a darle una solución utilizando la misma excusa de la instalación solar.

Más tarde, tras casi tres años sin conseguir resolver el problema, la vecina de Castilla-La Mancha decidió acudir a FACUA para que le ayudara a tramitar una reclamación contra Worten por negarse a recoger el frigorífico defectuoso y devolverle el dinero. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a la empresa recordándole que, en base a la ley, "el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto", y que "el consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato".

Worten, en su respuesta a FACUA Castilla-La Mancha, se negó a atender la reclamación de la asociación y volvió a incidir en que la culpa era de la instalación solar de la vivienda de Teresa, que "no aporta ni una tensión ni una frecuencia regular, lo que ocasiona problemas con los aparatos". Además, también afirmaba que el plazo de garantía de dos años había prescrito al haber comprado el frigorífico en 2015, pese a que la usuaria había estado reclamando desde un mes posterior a la adquisición. La asociación, por tanto, se dirigió al Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de la Consejería de Salud en Toledo para solicitarle que abriera un expediente sancionador contra Worten por negarse a cumplir con lo dispuesto en la normativa y le obligara a recoger el frigorífico defectuoso y devolver a Teresa los 499 euros del precio.

Finalmente, tras cuatro años de pulso, la multinacional procedió a atender la reclamación de la asociación, retiró el frigorífico defectuoso del domicilio de Teresa y le reembolsó el dinero que pagó en su día por el electrodoméstico.