El debate sobre la vivienda de estas últimas semanas debería servirnos para algo más que volver a repartir culpas, pues, mientras discutimos, hay jóvenes y no tan jóvenes que siguen haciendo cuentas para salir de casa de sus padres, parejas que aplazan formar una familia y trabajadores que renuncian a una oportunidad porque no pueden permitirse vivir donde les ofrecen empleo.
Desde las organizaciones de jóvenes empresarios defendemos que hay que facilitar la construcción y el alquiler, reducir las barreras fiscales y ampliar de verdad la vivienda pública y asequible. Para conseguirlo necesitamos suelo disponible, administraciones que resuelvan en plazos razonables y colaboración con empresas y profesionales. Sabemos qué dificultades debemos abordar; falta convertir esa voluntad en decisiones que lleguen a la calle.
El Banco de España sitúa cerca de 750.000 viviendas el desfase entre los nuevos hogares y las viviendas terminadas durante 2021–2025. Esa distancia ayuda a entender por qué encontrar casa se ha vuelto tan difícil, especialmente para quienes empiezan su vida laboral: cuando las necesidades crecen y la oferta no acompaña, la presión acaba recayendo sobre quienes menos pueden pagar.
También por eso las políticas de alquiler deben mirar más allá de quienes ya tienen un contrato. Moderar una renta puede aliviar a muchos inquilinos, pero la incertidumbre ya está llevando a miles de propietarios a retirar sus viviendas del alquiler, precisamente cuando necesitamos ampliar la oferta. En 2024, el 76,1 % de los arrendadores particulares de nuestro país tenía una sola vivienda destinada al alquiler habitual. Proteger exige atender ambas situaciones, con seguridad jurídica, respuestas eficaces ante el impago y recursos públicos para los hogares vulnerables, sin trasladar indefinidamente esa responsabilidad a un particular.
Recuperar esa seguridad ayudaría a movilizar viviendas, aunque necesitamos hacer mucho más. Como arquitecto, me cuesta aceptar que transformar urbanísticamente un suelo pueda llevar diez o quince años, como recogen las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Durante esa espera se encarece la financiación, se pierde inversión y se retrasa la llegada de viviendas. Agilizar requiere coordinar informes, evitar duplicidades y dotar de medios a quienes tramitan los expedientes, manteniendo las garantías.
A esa demora se añade la carga económica que acompaña a una promoción. Antes de entregar las llaves, el promotor afronta, según la operación, impuestos por adquirir el suelo, actos jurídicos documentados por la obra nueva y la división horizontal, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasas municipales, IBI y, cuando procede, plusvalía municipal; sobre el beneficio empresarial tributa también en Sociedades. A esos tributos se suman gastos de notaría y registro, honorarios técnicos y otros servicios, visados colegiales y gastos de urbanización.
Pero es que la recaudación no termina aquí, pues el comprador encuentra otra barrera al final del proceso: una vivienda nueva de 250.000 euros antes de impuestos, sometida a los tipos generales de Castilla-La Mancha, exige otros 28.750 euros entre IVA y actos jurídicos documentados. Revisar estas cargas para facilitar el acceso a la vivienda debe formar parte de la respuesta.
Incluso un mercado que funcionase mejor dejaría fuera a familias que necesitan apoyo. Por eso debemos invertir de forma sostenida en alquiler público y asequible, y revisar los edificios sin uso de las administraciones para convertir en hogares aquellos que reúnan las condiciones necesarias. La colaboración público-privada puede ayudar a hacerlo, con precios, responsabilidades y compromisos de permanencia claros.
Tampoco podemos olvidar quién va a construir esas viviendas. La falta de mano de obra cualificada exige recuperar la formación en oficios, atraer jóvenes al sector y mejorar la productividad. De poco servirá disponer de suelo si no hay equipos capaces de ejecutar los proyectos.
Necesitamos un pacto de Estado por la vivienda que comprometa a las distintas administraciones, dé continuidad a la inversión y permita exigir resultados más allá del resultado de las próximas elecciones. Mientras atendemos las urgencias de hoy, debemos dejar de aplazar las decisiones que darán resultado mañana. El precio de no construir lo están pagando quienes posponen su vida porque todavía no encuentran dónde empezarla.
Javier Redondo Soria es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en Castilla-La Mancha y secretario de Organización de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).