El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Pero lo hace como principio rector de la política social y económica, no como un derecho subjetivo que pueda exigirse directamente ante los tribunales. Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para hacerlo efectivo, aunque su cumplimiento no pueda reclamarse por la vía judicial.

La creciente escasez de vivienda ha colocado ese mandato constitucional en el centro del debate público y ha elevado la presión sobre las administraciones para que lo conviertan en una realidad, que ya forma parte de los derechos sociales con fuerte demanda.

La primera clave es demográfica. España ha alcanzado los cincuenta millones de habitantes, más de tres millones por encima de 2017, cuando comenzó la recuperación tras la crisis de 2008. El avance se ha acelerado en los últimos cuatro años, con dos millones de residentes más, impulsado principalmente por la inmigración.

A la presión demográfica se añade una oferta insuficiente y un fuerte encarecimiento de los precios. El alza de los materiales explica parte del fenómeno, pero también pesa la búsqueda de una rentabilidad cada vez mayor. En ese escenario, muchos propietarios han pasado del alquiler tradicional a una lógica abiertamente rentista.

La subida de precios ha reactivado, además, la especulación urbanística. La posibilidad de obtener beneficios elevados en poco tiempo ha convertido la vivienda en un activo atractivo para pequeños y medianos inversores, y en un negocio especialmente lucrativo para los grandes operadores, tanto en la venta como en el alquiler. No podemos olvidar el fenómeno creciente del “rentismo” como forma segura de inversión dentro de un mercado general incierto, donde el inversor se está olvidando de apostar por el tejido productivo, tan importante para dar fortaleza a un país.

La demanda exterior añade más presión. La compra de vivienda por extranjeros que fijan su residencia en España se concentra en la costa y las islas, pero también alcanza a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. En los distritos más «turistificados», los alquileres son entre un 15 % y un 30 % más caros que en el resto de la ciudad. El efecto se extiende después a los barrios colindantes.

El auge del alojamiento turístico es otro elemento decisivo. Miles de viviendas han abandonado el mercado residencial atraídas por una mayor rentabilidad a corto plazo, sobre todo en los centros urbanos y en destinos históricos y vacacionales. En mayo de este año constaban algo más de 950.000 viviendas turísticas con licencia, frente a unas 340.000 que declaraban actividad. Ninguna cifra ofrece una fotografía completa, ya que una parte del mercado opera fuera de la legalidad.

Ese desfase entre las viviendas turísticas detectadas y las autorizadas revela la dimensión del fenómeno y su impacto directo y creciente sobre el precio del alquiler residencial.

El reducido parque de vivienda protegida agrava la crisis. Apenas representa cerca del 2 % del total, un volumen insuficiente para responder con rapidez a la demanda. La ampliación del parque público exigirá, además, límites estrictos a la desclasificación y a la venta en el mercado privado para evitar que las nuevas promociones terminen incorporándose, como ocurrió en el pasado, al mercado libre.

El resultado es una crisis que, desde el final de la Gran Recesión, se ha extendido al conjunto de la sociedad.

Los jóvenes afrontan mayores dificultades para emanciparse, mientras persisten los desahucios hipotecarios por impago. El coste del dinero y unos salarios bajos frente al precio de los inmuebles completan un panorama cada vez más inaccesible para numerosos hogares.

En paralelo, los fondos de inversión —conocidos popularmente como «fondos buitre»— han ganado presencia. Su estrategia pasa por adquirir edificios vacíos o con pocos inquilinos para transformarlos en apartamentos turísticos o devolverlos al alquiler residencial con precios elevados.

La comparación con 2008 tiene límites. Aquella recesión nació de una burbuja inmobiliaria; la crisis actual responde, más bien, a un mercado tensionado por la falta de oferta, los altos precios y una fuerte actividad especulativa.

Todo esto acompañado por una necesaria reforma de la Ley del Suelo y la gestión de nuevas infraestructuras básicas para acometer los nuevos crecimientos industriales y urbanos.

El malestar ha saltado a la calle con ocupaciones y acampadas en plazas de las principales ciudades. Las protestas han intensificado la presión sobre el Gobierno y respaldadas por formaciones situadas a la izquierda del PSOE, algunas de ellas integradas en el propio Ejecutivo. La respuesta gubernamental, plasmada en dos decretos leyes que el Congreso no convalidó, ha vuelto a mostrar la fragilidad parlamentaria de la coalición y su dependencia del apoyo de Junts. En ambas votaciones, la formación independentista coincidió con los partidos de la derecha nacional.

Los seis diputados de Junts, obedientes a Carles Puigdemont, han condicionado decisiones centrales de la legislatura: los indultos, la amnistía, nuevos traspasos de competencias, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación autonómica.

Con una posición ideológica de derechas y un proyecto independentista, Junts ha administrado su respaldo al Gobierno según sus intereses políticos. Esa capacidad de inclinar mayorías mantiene al Ejecutivo en una incertidumbre constante y convierte cada votación relevante en una negociación decisiva.