Ayer mismo cumplió récord con solo 47 años. Y no, no hablo de una influencer con filtros patrióticos ni de una diva en decadencia. Hablo de nuestra Constitución. La de 1978. La que unos veneran como si fuera tabla sagrada y otros retuercen como si fuera arcilla institucional. La que casi todos citan, pero no siempre respetan.

Cuarenta y siete años. La más longeva de las constituciones españolas. Un dato que, en nuestro historial político, no es menor. Desde la pionera, la efímera Constitución de Cádiz, primera en sentido moderno, hubo otros textos, antes hasta los pasajes que naufragaron entre pronunciamientos, guerras civiles y restauraciones fallidas, la estabilidad nunca fue nuestra especialidad. Esta sí ha resistido.

Ha resistido un golpe de Estado, alternancias intensas, mayorías absolutas que confundieron mandato con propiedad, minorías que confundieron aritmética con derecho de veto, una crisis financiera devastadora, un desafío secesionista, una pandemia global y una polarización creciente que convierte cada desacuerdo en sospecha.

Y lo ha hecho con apenas tres reformas en 47 años. Tres. La de 1992, para adaptar el sufragio pasivo de ciudadanos europeos en elecciones municipales, y la de 2011, que introdujo el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135. Y, por último, la tercera en 2024 reformando el artículo 49, para adaptar el texto constitucional a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y eliminar una terminología considerada obsoleta y estigmatizante. Tres retoques quirúrgicos en casi medio siglo. Nada más.

No es un texto inmóvil. Es un texto exigente. Y esa exigencia es precisamente lo que incomoda.

Si la Constitución fuera una persona, estaría en esa edad en la que ya no necesita demostrar nada, pero empieza a recibir presiones, que si hay que actualizarla porque "la sociedad ha cambiado", que si hay que reinterpretarla porque "la realidad es otra", que si hay que flexibilizarla porque "la política lo exige". Todos quieren reformarla. Pocos aceptan reformarse a sí mismos para cumplirla.

Porque reformar no es forzar. Y actualizar no es desbordar.

Hoy la Constitución no se cuestiona frontalmente; se erosiona lateralmente. Se bloquean órganos constitucionales mientras se proclama su defensa. Se invoca la separación de poderes mientras se tensan sus costuras. Se apela al Estado de derecho mientras se exploran sus márgenes con creatividad jurídica. Se habla de convivencia mientras se negocia la aritmética parlamentaria como si fuera arquitectura constitucional.

La Carta Magna se ha convertido en un campo de batalla retórico. La izquierda la reivindica como escudo social. La derecha como dique institucional. Los nacionalismos como límite a reinterpretar. Todos dicen protegerla; pocos aceptan que también les limite cuando gobiernan.

Y, sin embargo, la Constitución no nació para blindar trincheras ideológicas. Nació para cerrarlas. Fue el pacto improbable entre adversarios que entendieron que la alternativa al consenso era el abismo. No fue un texto perfecto. Fue un acuerdo inteligente. Y, sobre todo, fue un ejercicio de renuncia compartida.

Ese espíritu es el que hoy está en cuestión.

Porque el problema no es que se debata su reforma. Toda norma fundamental puede y debe evolucionar. El problema es cuando se usa como arma arrojadiza, como coartada o como parapeto moral. Cuando se defiende solo la parte que conviene y se cuestiona la que incomoda. Cuando se invoca su literalidad para unos y su espíritu flexible para otros.

También la sociedad tiene su parte de responsabilidad. Hemos convertido la Constitución en símbolo identitario, en bandera emocional, en consigna de sobremesa. Pero pocas veces en manual de convivencia. La damos por amortizada, como si la estabilidad institucional fuera un fenómeno natural y no el resultado de un equilibrio delicado.

A los 47, nuestra Constitución no está vieja. Está tensionada. No por su edad, sino por el uso constante y estratégico que se hace de ella. Por la tentación permanente de interpretar los límites como obstáculos y no como garantías. Por la creciente dificultad para distinguir entre mayoría parlamentaria y legitimidad institucional.

Quizá el mejor regalo que podríamos hacerle no sea una reforma apresurada ni una defensa ciega. Tampoco una sacralización nostálgica. Tal vez baste con algo menos épico y más exigente: lealtad constitucional real. Cumplirla cuando gobierna el adversario. Respetarla cuando estorba. Defenderla cuando no da votos.

Porque una Constitución no envejece por el paso del tiempo, sino por el desgaste de quienes la instrumentalizan.

Y a los 47, la nuestra no necesita pretendientes. Necesita adultos.