Asaja Castilla-La Mancha ha encendido todas las alarmas y se opone frontalmente al Gobierno regional a tan solo ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027: asegura que la Junta prepara una modificación legal que prohibirá por ley las labores agrícolas cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcance niveles naranja (muy alto) o rojo (extremo) en la comunidad autónoma.

Una medida que, según la organización agraria, es "el mayor atentado contra el sector agrario de la historia" y supondría "la puntilla para el sector", al dejar a los agricultores con muy pocos días hábiles para cosechar durante todo el verano.

El núcleo de la polémica es el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027. Según Asaja, el borrador contempla elevar a rango legal las restricciones que hasta ahora se aplicaban mediante normativa autonómica de prevención de incendios, como las limitaciones a la siega y la cosecha en situaciones de riesgo extremo.

"Si prohíben cosechar en verano, directamente se cargan el sector", sostiene Asaja Castilla-La Mancha, que reclama a la Junta que explique cuanto antes sus planes y no espere a que la norma esté aprobada para informar a los agricultores.

La organización agraria pide al Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Emiliano García-Page que, si tiene previsto sacar adelante la modificación, lo comunique antes de que comience la próxima campaña de siembra.

Así, aseguran, los productores puedan tomar sus propias decisiones y evitar gastos en semillas, gasóleo, fertilizantes y mano de obra en cultivos que posteriormente podrían no estar en condiciones de recoger.

Piden valentía

El vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha considerado que la Junta debe ser "valiente" y explicar a la sociedad el alcance de la medida. Además, sostiene que las consecuencias no se limitarían a las explotaciones agrícolas, sino que afectarían al conjunto de la economía regional y al medio rural.

"Cuando llegue la campaña electoral, que eliminen de sus programas políticos las palabras despoblación, mundo rural o relevo generacional", ha advertido el vicepresidente de Asaja, que considera que medidas de este tipo "se están cargando directamente al sector agrario y, con él, buena parte del futuro de nuestros pueblos".

Reunión suspendida

Asaja denuncia además el "desprecio y abandono" que, a su juicio, han sufrido los agricultores castellanomanchegos durante este verano por las restricciones aplicadas a las labores de cosecha en jornadas con índices IPP rojo y naranja.

Torrero asegura que la organización tenía prevista una reunión con la Junta para plantear alternativas que permitieran flexibilizar las restricciones, pero que el encuentro fue suspendido y no volvió a retomarse.

"Suspendieron la reunión y no volvieron a contactar con nosotros, ni para retomar el encuentro ni para nada", denuncia.

Un verano de restricciones

La denuncia se produce en un contexto de tensión entre el campo y el Ejecutivo de Emiliano García-Page tras un verano marcado por los incendios forestales y las restricciones impuestas a las labores de cosecha.

Durante junio y julio, las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios llevaron a la Junta a activar restricciones en días con IPP rojo y naranja, limitando o prohibiendo las labores de siega y cosecha en determinadas franjas horarias.

Para Asaja, esas prohibiciones puntuales provocaron pérdidas económicas cuantiosas en explotaciones que no pudieron trabajar con normalidad en el momento biológico adecuado.

La organización calcula que, si las nuevas condiciones hubieran estado vigentes durante la pasada campaña, solo se habría podido cosechar durante ocho días entre el 15 de junio y el 31 de julio, periodo habitual de recogida de cereal en la región.

Un dato que Asaja utiliza como advertencia de lo que podría ocurrir durante las siguientes campañas si la norma se aprueba tal como está planteada.

"Nos han criminalizado"

"Nosotros hemos visto cómo al agricultor este verano, en Castilla-La Mancha, se le ha criminalizado", censuró días atrás el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, quien ha defendido que el agricultor "se lo curró en el Covid, en la dana y haciendo cortafuegos en los incendios".

"Queremos que la sociedad conozca lo que se está planteando antes de que sea demasiado tarde", señala la organización, que prepara ya la movilización convocada para el próximo 6 de octubre en Toledo como respuesta a lo que considera un ataque frontal a la viabilidad del campo castellanomanchego.

Fresneda ha augurado que la protesta será "un éxito" y ha advertido: "Esa es una amenaza que nos va a hacer llenar muchos autobuses".