La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha activado una nueva línea de ayudas, dotada con dos millones de euros, para colaborar con los agricultores de la región en que puedan contener los daños que la sobrepoblación de conejo de monte está provocando en las explotaciones agrícolas.
La Orden 122/2026 de la Consejería de Desarrollo Sostenible, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece las bases reguladoras de unas subvenciones destinadas a financiar medidas preventivas frente a esta especie en las comarcas declaradas de emergencia cinegética.
La ayuda se podrá solicitar desde este martes y cubrirá el 70 % de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 14.500 euros de inversión, lo que sitúa la subvención máxima que podrá percibir cada agricultor en 10.150 euros.
El objetivo es reducir el impacto de la sobreabundancia de conejos sobre los cultivos y contribuir a mantener la viabilidad económica de las explotaciones afectadas.
La medida llega en un contexto de creciente preocupación en el campo castellanomanchego. Los daños provocados por el conejo se han convertido en uno de los principales problemas para agricultores de distintas zonas de la región, con afecciones especialmente importantes en cultivos de cereal, viñedo, olivar, girasol y otras plantaciones leñosas.
Tres actuaciones
La orden establece tres tipos de actuaciones que podrán ser subvencionadas.
La primera es la adquisición e instalación de cerramientos perimetrales con malla de triple torsión, conocida como malla tipo 'conejera'. Estas estructuras deberán estar parcialmente enterradas y correctamente ancladas al suelo para impedir el acceso de los animales a las parcelas.
La segunda consiste en la adquisición e instalación de protectores y tutores individuales de malla plástica para plantas leñosas, una medida especialmente dirigida a proteger árboles y nuevas plantaciones frente a los daños provocados por los conejos.
La tercera actuación subvencionable será la eliminación de majanos, estructuras que sirven de refugio a estos animales y que dificultan el control de sus poblaciones.
La orden fija además los límites económicos específicos para cada una de estas actuaciones: tres euros por metro lineal de vallado, 0,80 euros por protector individual y 200 euros por cada majano eliminado.
La subvención no se abonará por adelantado. La norma establece que tendrá la consideración de reembolso de los costes subvencionables efectivamente realizados y pagados por el beneficiario.
¿Quién puede solicitar las ayudas?
Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de explotaciones agrarias.
Las parcelas sobre las que se desarrollen las actuaciones deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Castilla-La Mancha.
Además, las actuaciones deberán realizarse dentro del territorio de una comarca declarada de emergencia cinegética.
La orden excluye expresamente las parcelas agrícolas cuyo uso SIGPAC corresponda a pasto permanente con arbolado (PA), pasto arbustivo (PR) o pastizal (PS).
Los beneficiarios tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de los pagos derivados de posibles reintegros de subvenciones públicas.
También deberán cumplir las condiciones establecidas en la normativa general de subvenciones, prevención de riesgos laborales e igualdad. En los casos en los que resulte obligatorio, tendrán que disponer de Plan de Igualdad y no haber sido sancionados de forma firme por prácticas laborales discriminatorias.
Tiempos
Uno de los requisitos fundamentales para poder cobrar la ayuda será respetar el procedimiento establecido antes de comenzar las actuaciones.
El agricultor deberá comunicar el inicio de los trabajos con una antelación mínima de 20 días hábiles. De esta manera, la Administración podrá levantar el correspondiente acta de no inicio.
Las actuaciones subvencionadas tendrán que ejecutarse después de que se haya levantado esta acta. Por tanto, los trabajos realizados previamente no podrán acogerse a la subvención.
El periodo de ejecución será de entre seis y doce meses, contados desde la notificación de la resolución de concesión.
El beneficiario podrá solicitar una única prórroga, aunque esta no podrá superar la mitad del plazo inicialmente concedido.
Una vez finalizados los trabajos, tendrá que solicitar el pago y comunicar la finalización de la actuación dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución establecido en la resolución.
Un mes para solicitar las ayudas
El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, contado desde este martes 1 de septiembre.
La Administración tendrá un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria para resolver y notificar la concesión de las ayudas.
La convocatoria se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno regional para hacer frente a la expansión del conejo de monte y a los daños que provoca sobre las explotaciones agrícolas.
Un problema que afecta cada vez a más cultivos
La sobrepoblación de conejo se ha convertido en un problema recurrente para el sector agrario de Castilla-La Mancha. Las organizaciones agrarias llevan años reclamando medidas más intensas y continuadas para controlar las poblaciones y evitar que los daños se repitan campaña tras campaña.
El problema se concentra especialmente en determinadas comarcas de la Mancha y en zonas próximas a carreteras, líneas ferroviarias, vías pecuarias, humedales y taludes, espacios que proporcionan refugio a los animales y dificultan su control mediante los mecanismos cinegéticos convencionales.
Los agricultores reclaman, además de los controles poblacionales, actuaciones específicas sobre infraestructuras y terrenos públicos, ayudas para instalar vallados y protectores y compensaciones por las pérdidas ocasionadas.
También han reclamado que los daños provocados por fauna silvestre no tengan consecuencias negativas sobre las ayudas de la PAC y que el seguro agrario responda de manera efectiva ante este tipo de siniestros.
La Junta se moviliza
La nueva línea de ayudas forma parte de un paquete de medidas más amplio. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado mes de marzo un Plan de Acción contra la sobrepoblación del conejo de monte, dotado con cerca de cuatro millones de euros y compuesto por 18 medidas.
Entre ellas se incluye la declaración de emergencia cinegética temporal en 364 municipios, además de la puesta en marcha de Equipos de Control de Fauna, controles nocturnos, la ampliación de los sistemas de captura y la incorporación de equipos profesionales de huroneros.
El plan contempla igualmente actuaciones sobre madrigueras y majanos y medidas preventivas en las explotaciones agrarias, entre ellas precisamente las ayudas para cerramientos, mallas y protectores.
La Junta ha defendido que la estrategia debe combinar el control directo de las poblaciones con medidas preventivas que permitan proteger los cultivos.
En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha reclamado a Agroseguro y Enesa que mantengan las indemnizaciones por daños causados por el conejo y que no se excluya a agricultores que acumulen partes durante tres años consecutivos.
ASAJA mantiene sus críticas
Las organizaciones agrarias, sin embargo, consideran que la respuesta de las administraciones sigue siendo insuficiente.
ASAJA Castilla-La Mancha llegó a presentar en febrero una denuncia ante la Fiscalía contra la Consejería de Desarrollo Sostenible por la gestión de la problemática del conejo. La Fiscalía de Toledo no abrió diligencias y apuntó a otras posibles vías de reclamación, entre ellas la jurisdicción contencioso-administrativa.
La organización agraria también denunció en junio ante la Fiscalía Provincial de Cuenca a Agroseguro por la valoración de daños ocasionados por conejos y otras especies.
ASAJA sostiene que determinadas pérdidas se están calificando como problemas de "no nascencia" cuando, a su juicio, deberían ser reconocidas como daños provocados por fauna silvestre, lo que reduciría las indemnizaciones que reciben los agricultores.
Su presidente regional, José María Fresneda, aseguró entonces que la denuncia suponía "el primer paso para corregir una situación que vulnera los derechos de los agricultores y los deja en una posición de clara indefensión".