La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha informado de su intención de dar un paso más y y reclamar ante los tribunales los daños que la sobrepoblación de conejos lleva causando en numerosos puntos de la región los últimos veinte años.
En un comunicado de prensa, aseguran que mediante este procedimiento reclamarán responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas implicadas en este asunto y ha lamentado que la Viceconsejería de Medio Ambiente haya hecho caso omiso a la mayoría de propuestas que les han planteado para reducir la población de estos animales.
Desde esta organización, critican que autorizar, recomendar o instar a propietarios y responsables de zonas de dominio público a que tomen medidas "no resulta suficiente", como tampoco consideran que lo es la declaración de comarca de emergencia cinegética temporal.
Así, han compartido que Medio Ambiente considera que “la compensación de los daños producidos en los cultivos se lleva haciendo mucho tiempo en esta comunidad autónoma” gracias a la partida presupuestaria dedicada a subvenciones a la suscripción de seguros agrarios.
Sin embargo, lamentan que cuando los agricultores acuden a los seguros, estos les imponen franquicias y aplican reducciones cuando los siniestros ocurren de forma consecutiva, por lo que las indemnizaciones son "irrisorias" e incluso al cuarto año desaparecen.
"Tras veinte años de sobrepoblación de conejos, no existe una sola explotación sin daños recurrentes ni un solo agricultor que haya sido compensado de forma justa”, ha denunciado la organización.
Propuestas
Ante esta situación, Asaja ha detallado que puso sobre la mesa de la Viceconsejería de Medio Ambiente una batería de propuestas como "el uso de cajas trampa, la autorización de la caza nocturna, una financiación adecuada para la instalación de vallas y protectores o la utilización puntual de métodos químicos".
Sin embargo, estas soluciones planteadas por los agricultores no han sido tomadas en cuenta por la administración regional.
En cuanto a los responsables de las zonas de dominio público donde proliferan estos animales como los taludes de carreteras y vías férreas o las riberas de cauces y arroyos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y las Confederaciones Hidrográficas, lamentan que ni siquiera les hayan contestado.
"Nos enfrentamos a un conflicto social que ha generado un profundo malestar y cuantiosas pérdidas económicas entre los agricultores”, ha criticado Asaja que exige que se tomen de manera inmediata medidas "efectivas" y la compensación por lucro cesante ya que "si no se actúa, será la justicia la que obligue a tomar cartas en el asunto".