El Gobierno de Castilla-La Mancha encara su participación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el 4 de septiembre, al que acudirá con una postura "clara desde el inicio" para defender un sistema de financiación que garantice el principio de igualdad de todos los ciudadanos.
Así lo ha expresado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación en la mesa de debate 'Crisis de financiación. La brecha insostenible' del II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías que se ha celebrado este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Para Ruiz Molina es esencial abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice los recursos suficientes para que todas las comunidades autónomas puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados, especialmente la sanidad y la educación.
Y que se haga bajo un principio básico, como es que "todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos y con la misma calidad".
El consejero ha afirmado que existe un problema de suficiencia financiera de las comunidades para hacer frente a unas competencias cuyo gasto es profundamente inelástico, especialmente en el ámbito sanitario. Por ello, ha considerado necesario que los recursos adicionales que pueda aportar el Estado se distribuyan de una manera "justa y objetiva".
"El futuro modelo debe establecer adecuadamente el concepto de población ajustada, teniendo en cuenta las variables que determinan el coste real de prestar los servicios públicos. No cuesta lo mismo prestar el mismo servicio sanitario en Fuenlabrada que en la provincia de Cuenca, con una población mucho más dispersa y un territorio mucho más extenso", ha afirmado.
Además, el cálculo de la población ajustada debe quedar en manos de un órgano técnico e independiente, que permita determinar objetivamente cuál es el coste efectivo de prestar los servicios públicos fundamentales.
Rechazo a la propuesta del Ministerio
Ruiz Molina ha mostrado su rechazo al modelo de financiación planteado por el Ministerio, ya que "perjudica algo fundamental como es el principio de igualdad y genera ciudadanos de primera y de segunda".
Asimismo, ha cuestionado que la financiación autonómica pueda convertirse en moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios. "La reforma del sistema debe abordarse como una cuestión de Estado, al margen de la confrontación política y de acuerdos bilaterales que puedan generar diferencias entre territorios", ha expresado.
Y ha considerado que cuestiones como la igualdad en el acceso a los servicios públicos, la coordinación del Sistema Nacional de Salud o determinados elementos de armonización fiscal deben formar parte de "acuerdos amplios y estables".
Gasto sanitario
Por último, Ruiz Molina ha mostrado su preocupación por la evolución del gasto sanitario durante los próximos años. La Sanidad representa cerca de la mitad de todo el gasto ejecutado por la comunidad, a lo que se suma la evolución del gasto de personal, del gasto farmacéutico o la incorporación de nuevos tratamientos y la ampliación de prestaciones, mientras que "las comunidades deben seguir cumpliendo las reglas fiscales".
Por ello, ha planteado la necesidad de revisar el tratamiento del gasto sanitario dentro de las reglas fiscales, de manera que la sostenibilidad de un servicio público esencial no quede condicionada por unas reglas que no tienen en cuenta suficientemente su evolución.
Y ha abogado por abrir un debate sobre cómo se financian los servicios públicos y sobre la necesidad de que la ciudadanía sea consciente de que tienen un coste y de que su sostenibilidad requiere recursos suficientes.
"Si el coste de la Sanidad sigue creciendo, habrá que replantearse cómo pagamos los impuestos los ciudadanos. No se puede defender al mismo tiempo una reducción permanente de los ingresos públicos y pretender mantener o incrementar unas prestaciones sanitarias cada vez más costosas", ha sentenciado.
"Atentado contra la igualdad"
El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo frontal en varias ocasiones al modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno.
El pasado mes de junio, Page consideró que "no hay nada que hablar" con Hacienda mientras el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no retire el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Para el presidente, "una financiación singular basada en la ordinalidad atenta contra la igualdad de los ciudadanos según su lugar de residencia". Y lamentó que la propuesta acordada entre el Gobierno y la Generalitat prevé que las regiones con mayor recaudación —y Cataluña es una de ellas— se garanticen más recursos.
En concreto, los territorios que disfruten de un mayor número de residentes con rentas altas tendrían derecho a una cantidad mayor procedente de la caja común, una circunstancia que "amenazaría la prestación de servicios públicos en una región tan extensa como Castilla-La Mancha".