El número de hipotecas construidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha ha experimentado un notable incremento en junio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Durante el pasado mes se registraron 1.829 hipotecas, lo que supone un aumento del 32,4% respecto al mismo mes del año anterior, ligeramente superior al incremento nacional del 31,67%.
El capital prestado también ha crecido de manera alarmante, pasando de 146,26 millones de euros a 208,49 millones, mientras que el tipo de interés medio se situó en 2,99% frente al 2,91% registrado en mayo.
Desde UGT Castilla-La Mancha, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales ha mostrado su preocupación por el aumento del número de familias hipotecadas en la región y ha vuelto a reclamar un incremento de los salarios para que las familias no tengan que destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de una vivienda.
Datos destacados
El sindicato ha elaborado el informe "Convenios colectivos y derecho a la vivienda: El precio de un bien básico se come los salarios. Análisis sectorial y territorial", que revela que, de medias en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto para comprar una vivienda media.
En Castilla-La Mancha, y específicamente en Toledo, un trabajador o trabajadora debe destinar el 30% o el 40% de su salario a la compra de una vivienda, y más del 40% si opta por el alquiler.
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"La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Eso no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano", ha afirmado el sindicato.
Peticiones
UGT reclama la aplicación efectiva de la Ley Estatal de Vivienda, frenar la especulación, movilizar viviendas vacías ampliar el parque público de vivienda social, regular los precios del alquiler en zonas tensionadas, controlar los pisos turísticos y coordinar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda.
Para lograrlo, UGT insiste en la necesidad de impulsar la negociación colectiva y mejorar los salarios, especialmente en los sectores más precarizados, para que las familias puedan acceder a una vivienda digna sin comprometer su estabilidad económica.
