El Gobierno de Castilla-La Mancha percibirá cerca de 840.000 euros del reparto adicional de fondos a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con los que va a contribuir a la estabilidad de un millar de puestos de trabajo de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo que hay en la región.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico, Patricia Franco, ha participado en la LXXVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se ha celebrado este martes en el Ministerio de Trabajo bajo la presidencia de su titular en funciones, Magdalena Valerio, y en la que se ha acordado el reparto adicional de fondos que incrementa del 50 al 55 por ciento la cobertura del salario mínimo interprofesional de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo; unos fondos que provienen del SEPE y que en el caso de Castilla-La Mancha se traducen en la percepción de 839.478,02 euros que servirán para contribuir a la estabilidad de alrededor de un millar de puestos de trabajo.



Patricia Franco, que ha estado acompañada en la Conferencia Sectorial por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, ha destacado al término de la misma el impacto de estos fondos para la permanencia de estos empleos. “En Castilla-La Mancha contamos con 92 Centros Especiales de Empleo a través de los cuales trabajan más de 3.550 personas con discapacidad, y estimamos que el reparto adicional de fondos puede llegar a en torno a 1.000 personas con discapacidad severa”, ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.



Este reparto adicional de fondos, que ponía a disposición de las comunidades autónomas más de 19 millones de euros más destinados a estas subvenciones, ha sido el punto más importante del orden del día de la Comisión Sectorial, por tener carácter decisorio, pero en la reunión se han tratado asuntos “importantes para el empleo en la región”, tal y como ha reconocido Patricia Franco. Uno de ellos ha sido la normalización, actualización o reglamentación de hasta 163 certificados de profesionalidad, una herramienta que el Ejecutivo autonómico considera “fundamental” en sus políticas de empleo. “Apostamos por ellos como una forma de actualizar las competencias de las personas que buscan trabajo en un entorno que demanda cada vez una mayor cualificación”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.