Castilla-La Mancha abrirá la Administración regional a las prácticas de Formación Profesional (FP) para que más de 14.500 alumnos de 77 centros públicos completen su formación en empresa y adquieran experiencia en entornos reales de trabajo.
Para poner en marcha esta iniciativa, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha suscrito un acuerdo de colaboración y un convenio con la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas.
Ambos acuerdos permitirán convertir diferentes organismos de la Junta en espacios formativos para que los estudiantes puedan adquirir competencias profesionales directamente vinculadas con las tareas que se desarrollan en la Administración regional.
La medida tendrá una incidencia especialmente relevante en las familias profesionales de Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento, que se imparten actualmente en más de 77 centros educativos de Castilla-La Mancha y cuentan con más de 14.500 alumnos matriculados.
De la gestión documental al desarrollo tecnológico
El alumnado podrá completar su formación en ámbitos relacionados directamente con las enseñanzas que cursa. Entre ellos se encuentran la modernización administrativa, la transformación digital de los servicios públicos, la gestión documental, el desarrollo tecnológico, el mantenimiento de infraestructuras y el soporte a los sistemas de información.
La iniciativa busca así reforzar la conexión entre los conocimientos que los estudiantes adquieren en los centros educativos y las competencias que pueden desarrollar en un entorno profesional real.
Los organismos y unidades de la Administración regional se incorporarán de esta forma a la red de espacios en los que los estudiantes de FP podrán completar su formación en empresa, acercando estas enseñanzas a las necesidades y actividades que desarrolla el sector público autonómico.
Aunque el acuerdo pone el foco inicialmente en estas tres familias profesionales, su aplicación no quedará limitada a ellas. Según la Junta, los acuerdos tienen una "vocación abierta y flexible", de manera que podrán incorporarse estudiantes de otras familias profesionales cuando sus perfiles y competencias se ajusten a las actividades y proyectos desarrollados por la Administración regional.
Esta posibilidad dependerá de las necesidades que detecten tanto los centros educativos como las distintas unidades administrativas, que podrán determinar qué perfiles formativos pueden encajar en los trabajos y proyectos que se desarrollen en cada área.