MiFID II ha sido la palabra más repetida en los últimos meses en el sector financiero. Los reguladores, los clientes, las entidades e incluso los medios de comunicación han centrado muchas de sus conversaciones en esta nueva normativa.

Desde su llegada el 3 de enero de 2018, ha creado una urgencia en el sector por adaptarse a esta directiva procedente de Bruselas con la que se busca dotar de mayor transparencia al sector de la inversión y los productos financieros y solventar los errores que se presentaron durante la crisis. Han pasado ya cinco meses y los principales agentes ya se encuentran inmersos en esta nueva etapa.

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La principal idea que se extrajo durante el Foro Impacto de la Directiva MiFID II en Asesores, Bancos y Gestores Patrimoniales, organizado por EL ESPAÑOL y Unicaja, es la buena “predisposición de los diferentes protagonistas para llevar a cabo y cumplir taxativamente la nueva normativa”.

En este sentido, Víctor Daniel Durán Maldonado, responsable del Departamento de Medios de Banca Privada de Unicorp (Grupo Unicaja), sostuvo que la normativa implantada el pasado mes de enero “llegó para actualizar MiFID I ya que no regulaba de manera clara los productos que se vendían a los clientes”. “Las entidades nos hemos tenido que sentar para tomar unas decisiones para conocer las nuevas líneas de negocio como por ejemplo trazar el nuevo segmento hacia donde dirigirnos, el canal para ofrecer producto, etc.”, valoró.

A su vez, el responsable de Unicaja señaló que el aterrizaje de MiFID II “ha obligado a mejorar la calidad de los servicios que presta la banca a los clientes para que tengan más información de los productos adquiridos, como cláusulas o precio”. Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI, refrendó estas palabras y añadió que “la nueva normativa es un cambio de modelo muy importante para que los clientes sepan lo que contratan”. No obstante puso de relieve que éstos deben entender que “deben acostumbrarse a que los servicios que prestan las entidades se cobren”.

Una mayor formación

Durante el debate también se puso de manifiesto la necesidad de la formación continua que deben tener los agentes financieros de cara a la nueva normativa. Por ello, Fernando Zunzunegui, coordinador de Regulación de EFPA España, indicó que este aprendizaje sirve para “que los empleados tengan la exigencia de entender la nueva normativa ya que es el cliente el que se pone en manos de la entidad”.

Por su parte, Patricia Rodríguez, asesora de mercados financieros y protección del inversor de la AEB, quiso matizar que formación en el sector siempre hubo aunque es ahora “Europa la que maneja las directrices y afortunadamente el aprendizaje es unitario”. La experta también intentó lanzar un mensaje a los clientes y recalcó que a partir de ahora “la documentación será mayor y más voluminosa” y pidió que éstos también “tengan conocimiento de causa”.

Isabel Giménez Zuriaga, directora de FEBF, abrió una nueva línea de debate sobre este tema y habló de la necesidad de diferenciar entre la información, la recomendación y la venta de productos. “Hay que tener claros estos términos para que, a fin de año, los clientes tengan claro lo que se le ha cobrado”, puntualizó.

Por último, se llegó al consenso sobre el continuo reciclaje que deben tener los trabajadores del sector. Del foro se extrajo que “a pesar de que muchos veteranos se enfadan porque no tienen título para poder operar deben entenderlo, ya que es necesario que se examinen para que siga desarrollándose la nueva normativa”. Javier Méndez Llera, por su parte, alentó a la CNMV a seguir “promoviendo nuevos cursos o debates que sean hábiles para titular a los empleados”.

Transparencia en las comisiones

Recogiendo el guante de las comisiones e incentivos, la mesa de expertos también expuso un hecho que afectará de manera capital. La nueva normativa exige a las entidades que se informe a los clientes del estado de cuentas de los productos.

Víctor Durán cree que ha habido un estrechamiento de margen de beneficios tras la implantación de MiFID II y su política de incentivos, por lo que las entidades “deben ser más eficientes apoyándose en las nuevas tecnologías”.

Patricia Rodríguez hizo hincapié en la singularidad que ha aterrizado con la nueva normativa MiFID puesto que para poder cobrar comisión al cliente es necesario vender productos de terceros. “Es algo que genera controversia y que la CNMV debería revisar ya que puede ser contradictorio al vender productos que el experto no conozca al cien por cien y lo haga para obtener ingresos”, esgrimió.

El análisis, el gran olvidado

Antes de cerrar el debate, Javier Méndez echó en falta el gran olvidado de la nueva normativa MiFID II: el análisis. A su parecer, es “el peor parado ya que el regulador no ha hecho ningún esfuerzo para tratar esta temática” que la considera “primordial”. “Si no hay análisis de calidad, no se podrán ofertar productos fiables”, prosiguió.

Este hecho podría provocar prácticas poco fiables como análisis de personas sin experiencia o con un conocimiento menor. A su juicio, este hándicap podría provocar que “las entidades dejen de hacer análisis para centrar en la venta de producto”. El foro contó con la difusión de Ascom, ASEAFI, EFPA España y FEBF.

Nuevo organismo de reclamaciones

En este contexto, el Congreso ha reclamado al Gobierno la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero en la que unificar y reforzar los servicios de reclamaciones y protección de los supervisores financieros de banca, valores y seguros.

Esta autoridad, aún no constituida, es parte de la remodelación de los supervisores y reguladores que prepara el Gobierno y que resultará de la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Sin embargo, el Congreso ha dado su apoyo a esta centralización de las reclamaciones de servicios financieros, al aprobar una enmienda transaccional resultante del acuerdo entre PP y Ciudadanos a raíz de una proposición no de ley de los 'populares'.