Virginia y Mario se gastaron más de 200 euros en inmunizar a Lucía, que ahora tiene seis años, frente a la meningitis B. En su momento, la vacuna no estaba financiada en la sanidad pública, así que la compraron por su cuenta.
"Fue cosa nuestra", comenta Mario, "todas las vacunas que estén en el mercado y puedan ayudar, se las pondríamos". "Todos los padres que conocemos de su guardería se la pusieron, esa y la del rotavirus", apuntala Virginia.
La actitud de la pareja la puede entender cualquiera: quieren lo mejor para su hija. Pero la convivencia de vacunas financiadas y otras a las que solo se puede acceder pagando crea una brecha de salud entre los niños provenientes de entornos más favorables y aquellos que no lo son.
Un pequeño estudio realizado en dos centros de salud de la Comunidad Valenciana y publicado en la revista Pediatría de Atención Primaria pone en evidencia esta situación. Los investigadores, médicos y enfermeras de los centros Illes Columbretes y Grao, de Castellón de la Plana, presentaron un cuestionario a los padres de los niños y niñas que habían nacido a lo largo de 2023.
Evaluaba los factores sociodemográficos, familiares y de acceso a fuentes de información que tenían los padres junto a su disposición de adquirir dos vacunas que estaban fuera del calendario vacunal común y autonómico: la del rotavirus y la del meningococo tetravalente, que incluye los serotipos A, C, W e Y.
En el primer caso, se ha incluido en el último calendario vacunal y se prevé que todas las comunidades la hayan incorporado a finales del presente año pero, al darse a partir de los dos meses, no afecta a los resultados del estudio.
En el segundo, el calendario común la incluye a partir de los 12 años pero el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría la recomienda a partir de las seis semanas, cuando solo se ofrecen las monovalentes frente a los serotipos B y C (el calendario común destaca que es "muy importante" que se administre a los 2 y 4 meses de edad).
De 268 progenitores potenciales participantes, contestaron 115. Los investigadores concluyeron que el nivel de estudios de los padres y madres (especialmente el de ellas) era directamente proporcional a la adquisición de vacunas no financiadas.
El trabajo materno también se relacionaba con una mayor inmunización con estos productos, así como ser de nacionalidad española. La edad de la madre también se asociaba con la decisión, cosa que no se había visto en estudios anteriores.
Estas variables, por lo general, se asocian con mayor nivel adquisitivo y, por tanto, capacidad de costear las vacunas, ya que muchas de ellas superan los 100 euros por dosis. "La presencia de factores sociodemográficos desfavorables, especialmente los factores socioeconómicos y la nacionalidad no española, se asocian a una menor administración de vacunas no financiadas", apuntan los autores.
Impacto negativo de las vacunas
"Las vacunas que se han demostrado seguras y efectivas deben ser costeadas por el sistema público de salud", concluyen, "para reducir las desigualdades entre la población y permitir que todas las comunidades autónomas alcancen el mismo calendario vacunal".
Para Eduardo Satué, farmacéutico y presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la cuestión no es tanto la "obvia", es decir, que solo pueden permitirse estas vacunas quien las puede pagar, como que se olvida el sentido que las vacunas tienen no solo sobre la salud individual sino también sobre la salud pública.
"Estamos al albur de una decisión personal e individual. ¿Es correcto? Pues depende", advierte. "Hay vacunas que pueden generar un impacto negativo: te va bien a ti pero puede afectar a los que están a tu alrededor modificando la circulación de variantes del virus".
El ejemplo está en la de la varicela. Antes de incluirse en la financiación pública, se la ponía quien la pagaba. "Eso generaba que niños no vacunados no entraran en contacto con el virus de pequeños, cuando la enfermedad se pasa de manera más leve, pero sí al crecer, cuando tiene un efecto más grave".
No siempre es así, claro está. Muchas vacunas están indicadas solo para grupos de riesgo (como la gripe), sin generar problemas añadidos a aquellas personas —niños y adultos— que no la tengan.
Por eso, Satué cree que "la utilización individualizada de las vacunas debe tener siempre en cuenta los criterios de salud pública para proteger a la población". Y para esto, más importante que la decisión de unos padres, está la de las propias comunidades autónomas, pues no todas ofrecen las mismas inmunizaciones más allá del calendario común acordado con el Ministerio de Sanidad.
"Tiene que haber un acuerdo a nivel nacional, incluso sería deseable que a nivel europeo, pues los virus no entienden de fronteras. Pero debemos ser más cautos a la hora de decir 'yo me pongo la vacuna porque puedo', simplemente, debería haber unos criterios superiores de protección de la salud".